Neuquén.- Los nuevos cargos que el Ministerio Público Fiscal había presentado en la investigación que tiene como principal imputada a la ex vicegobernadora Gloria Ruiz por presuntas maniobras de administración fraudulenta en la Legislatura provincial fueron rechazados por un juez de garantías.
La decisión se conoció durante una audiencia desarrollada en la Ciudad Judicial. El magistrado que la dirigió, Juan Manuel Kees, desestimó provisoriamente una serie de hechos y cargos que, en la audiencia que comenzó el lunes, la fiscalía le atribuyó, con distintos niveles de participación, a S.R (socio gerente de la firma de Marketing Big Sur, con la que contrató la Legislatura); P.A.S (proveedor de servicios gráficos, gigantografías, banners y materiales publicitarios); P.S. (asesor de Ruiz en la Legislatura que posteriormente fue desvinculado); y M.A.C (familiar de P.S. que fue designada con el objetivo de canalizar los pagos en su nombre, pero que no cumplió funciones).
El juez resolvió en el mismo sentido respecto de una ampliación de las acusaciones sobre la ex vicegobernadora, la ex secretaria de Cámara de la Legislatura, María Isabel Ricchini, y la ex prosecretaria administrativa, Élida Noemí Sánchez. Entre otros puntos, por el momento no admitió investigar la contratación de una familiar para pagarle a quien efectivamente cumplió tareas en la Legislatura, en un caso similar al de P.S. y M.A.C.
Sobre las contrataciones irregulares de personal, el magistrado consideró que no se puntualizó un perjuicio económico para el Estado, mientras que en el resto de los nuevos cargos cuestionó la forma en la que fueron presentados y calificados jurídicamente. El juez aclaró que, más allá de lo resuelto, la fiscalía conserva la posibilidad de reformular los cargos, adecuar la calificación legal y volver a impulsar una nueva acusación.
Durante la misma audiencia, y a pedido de las defensas, el juez prorrogó por cuatro meses la investigación preparatoria vinculada a esos cargos previos. La fiscalía y la Fiscalía de Estado no se opusieron al planteo.
Además, se extendieron las medidas cautelares patrimoniales que ya regían sobre las imputadas. En el caso de Ruiz continuará la inhibición general de bienes; respecto de Richini se mantendrá el embargo sobre un inmueble ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la inhibición general de bienes; mientras que para Sánchez seguirá vigente la inhibición general de bienes.