Neuquén.- Como es usual a principio de cada año, el bloque presenta la iniciativa legal con el fin de garantizar la suspensión de la tramitación de los procesos judiciales, mediante los cuales se reclamen los saldos de precios originados con motivo de la adquisición, construcción, mejora o ampliación de vivienda, o también la realización de ejecuciones contra inmuebles que son la vivienda (única) del deudor o su familia.
De esta forma, se extiende por el plazo de un nuevo año la ejecución de sentencias de deudas hipotecarias contraídas en dólares, las que fueran originadas en forma previa a la pesificación de enero del 2002, mediante Ley 25.561, que dictaminó la Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario.
En los fundamentos se hace mención al contexto de incertidumbre económica, el cual vuelve “necesario posibilitar y proteger el derecho de acceder a una vivienda sin que esto sea un agravio a los derechos de los acreedores a percibir lo que les es debido, suspendiendo temporalmente dichas ejecuciones”.
“No debemos olvidar que en nuestro país la amplia mayoría de deudores cayeron en desgracia producto de la crisis económica que estalló en el 2001”, sostienen los diputados en el escrito.