Polémica por un proyecto para eliminar la Defensoría del Pueblo de Neuquén
El defensor adjunto del Pueblo de la ciudad de Neuquén, Emanuel Guagliardo, cuestionó la iniciativa que busca disolver el organismo y defendió su rol en la atención de reclamos vecinales, la mediación comunitaria y la resolución de conflictos entre la ciudadanía y el Estado. Además, rechazó que la reducción del gasto público se utilice como argumento para limitar instituciones y la representación democrática.
En diálogo con el programa Vuelta con Vos, de Radio Con Vos Neuquén, Guagliardo calificó el proyecto como una propuesta “electoralista” y sostuvo que desconoce la función institucional de la Defensoría.
“Las defensorías tienen un rol estrictamente republicano. Somos los defensores oficiales del vecino frente a las autoridades municipales”, explicó.
El funcionario señaló que en la provincia existen cinco defensorías del pueblo municipales y recordó que la figura también está contemplada en las constituciones provincial y nacional. En ese sentido, consideró que la tarea del organismo no puede ser reemplazada por otras dependencias.
Guagliardo también defendió el trabajo de los empleados y aseguró que la institución atiende diariamente a vecinos de distintos sectores sociales que buscan asesoramiento o necesitan presentar reclamos ante el municipio.
El trabajo de la Defensoría en los conflictos vecinales
Uno de los puntos que destacó fue la intervención del organismo en los conflictos generados por la paralización de obras públicas durante los primeros años de la actual gestión provincial.
Según relató, cuando comenzó el gobierno de Neuquén había más de 490 obras públicas frenadas, una situación que generó reclamos vinculados con redes de servicios, viviendas e infraestructura barrial.
Guagliardo explicó que los equipos de la Defensoría intervinieron para canalizar esos conflictos y facilitar instancias de diálogo entre los vecinos y las autoridades.
Como ejemplo, mencionó el reclamo de familias que esperaban la finalización de obras de gas y que, según contó, evaluaban tomar un edificio público para visibilizar su situación.
De acuerdo con su relato, la Defensoría impulsó una mediación que se extendió durante cinco meses y permitió avanzar en la renegociación de contratos para reanudar los trabajos.
“Nosotros cumplimos con una tarea que era gestionar ese enorme conflicto”, afirmó, y sostuvo que este tipo de intervenciones demuestra la importancia de contar con un organismo que atienda las demandas de la comunidad.
También resaltó el funcionamiento del centro de mediación comunitaria de la Defensoría, donde se ofrecen instancias gratuitas para resolver conflictos.
El debate por el gasto público y la representación política
Durante la entrevista, Guagliardo también fue consultado sobre la discusión en torno a limitar la cantidad de concejales del municipio. Al respecto, expresó su desacuerdo con reducir la representación política como una forma de disminuir el gasto estatal.
“Mi posición es que la democracia se tiene que ampliar cada vez más y no la podemos seguir viendo como un costo a la política”, sostuvo.
El defensor adjunto consideró que el debate sobre la eficiencia del Estado debe darse con fundamentos y sin avanzar sobre instituciones que cumplen funciones específicas. También cuestionó el argumento de ahorro económico utilizado para impulsar la eliminación de la Defensoría y planteó que el monto mencionado en la discusión debe analizarse en relación con las tareas que desarrolla el organismo.
Por último, reclamó que más sectores que utilizan los servicios de la institución se pronuncien sobre su funcionamiento y defendió la trayectoria de los trabajadores.
“Me parece que la comunidad se merece respeto”, concluyó.
