Neuquén.- Por mayoría y a pesar de la oposición del Ministerio Público Fiscal (MPF), un tribunal de revisión revocó la prórroga de la prisión preventiva de Jorge Octavio Linco, declarado culpable por un jurado popular por el femicidio de Corina Mabel Mena, y le otorgó prisión domiciliaria.
La decisión fue adoptada por la mayoría del tribunal revisor, integrado por las juezas Carolina González y Laura Barbé, y con la disidencia de la magistrada Leticia Lorenzo. Ante la decisión, el fiscal jefe Gastón Ávila y la abogada querellante que representa a la familia de la víctima, adelantaron que impugnarán la resolución.
Linco fue declarado culpable por un jurado popular en mayo pasado, por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por femicidio, y también por las lesiones provocadas a otra persona que sobrevivió al ataque. Aún resta realizar la audiencia de determinación de la pena, que en el caso del femicidio prevé prisión perpetua.
Después del veredicto de culpabilidad, el Ministerio Público Fiscal y la querella solicitaron la prórroga de la prisión preventiva que Linco venía cumpliendo desde el 7 de junio de 2025. El 4 de junio de 2026 el juez de garantías Ignacio Pombo hizo lugar al pedido y prorrogó la medida por tres meses.
La defensa pidió la revisión de esa decisión y ayer se hizo la audiencia. El abogado sostuvo que debía aplicarse la ley procesal más benigna y que correspondía anular la prisión preventiva por haberse cumplido el plazo de un año previsto en la versión anterior del artículo 119 del Código Procesal Penal. En forma subsidiaria, requirió la libertad con dispositivo electrónico o la prisión domiciliaria.
Como consecuencia de la decisión mayoritaria, quedó revocada la prórroga de la prisión preventiva dictada por el juez Pombo. Y luego el tribunal habilitó la discusión sobre la prisión domiciliaria como lo requirió la defensa.
Así, se determinó que Linco quede detenido con prisión domiciliaria hasta el vencimiento del plazo por el cual se había prorrogado la medida. Permanecerá en un paraje, con custodia policial permanente y tobillera electrónica, además de la prohibición de tener contacto con familiares de la víctima y con personas propuestas como testigos.