Neuquén.- La diputada Brenda Buchiniz (Cumplir) presentó dos proyectos de ley que buscan transformar el sistema penitenciario de la provincia de Neuquén.
El primer proyecto busca la interacción público-privada para enfrentar la crisis carcelaria mediante la intervención de sujetos privados en el diseño, financiamiento, construcción, mantenimiento y operación de los establecimientos penitenciarios. La segunda propuesta establece el uso obligatorio de uniforme reglamentario para todos los internos alojados en unidades de detención, alcaidías y centros transitorios de Neuquén. La vestimenta deberá utilizarse tanto dentro de los penales como durante los traslados externos.
Consultado sobre la iniciativa en Mañanas en Red, el ministro Nicolini comentó: «Por el momento no fui informado sobre los proyectos ni tampoco consultado. Es probable que en el mediano plazo sea consultado sobre el tema».
«Lo que sé es lo que leí en los medios de comunicación. Entiendo que la propuesta de cárceles públicas-privadas es algo hibrido donde el privado se encarga de la infraestructura y el Estado queda a cargo de la administración», detalló.
Al respecto dijo que «el proyecto es novedoso en la provincia y en el país, creo que es la primera propuesta formal que se hace en la Argentina».
«Son alternativas interesantes que deberían analizarse, pero es importante ver como seria este funcionamiento en el día a día de una cárcel de estas características», resumió.
Pabellón de máxima seguridad en la U11
La jueza de ejecución Raquel Gass ordenó al Ministerio de Seguridad que informe en un plazo de 10 días por qué aún no está en funcionamiento el pabellón de máxima seguridad de la Unidad de Detención N°11, inaugurado en diciembre del año 2025.
La medida surge tras un habeas corpus presentado por personas condenadas alojadas en la Comisaría N°7, quienes denunciaron condiciones de hacinamiento y falta de acceso a actividades básicas.
El ministro de Seguridad de la provincia hizo mención a lo solicitado por la jueza y aseguró: «Esperamos que en un plazo de 30 días terminaremos las obras solicitadas y podremos reactivar el pabellón de máxima seguridad».
Sobre la problemática en si, el funcionario manifestó: «Es un tema de hace años por falta de organización e inversión. Nosotros nos pusimos a trabajar rápidamente cuando iniciamos la gestión provincial».
«Nos encontramos a derecho con la Justicia Federal y los habeas corpus presentados los respetamos porque se trata de nuestro trabajo», cerró.