Neuquén.- Las defensoras de los Derechos del Niño y del Adolescente de Neuquén le solicitaron al gobernador Jorge Sapag que vete parcialmente la ley 2955 de Hogares, sancionada el 13 de agosto, y elimine el artículo 2, por entender que modifica la ley 2302 de Protección de los Derechos del Niño y el Adolescente, la cual determina que quien debe tomar la decisión de institucionalizar a un niño es el juez.
Por el contrario, el artículo 2, sanciona que la decisión es la autoridad administrativa, que sería el ministerio de Desarrollo Social, después lleva el control de legalidad el juez (de Familia).
La defensora Nara Osés explicó que al modificarse la ley, se cae todo el sistema de derechos de la 2302, ya que el juez deja de cumplir su rol para hacer un control de legalidad y se aplica la ley nacional (26061) con su propio sistema. “En ese sistema no existe la defensoría de los Derechos del Niño, todos los casos de vulneración se trabajan dentro del poder administrador. Cuando la ley de Hogares introduce este pequeño artículo en cascada se viene toda la ley nacional, y se deja de aplicar la local”, indicó.
La ley 2302 fue sancionada en 1999 y en agosto de 2004, el entonces ministro de Seguridad y Trabajo, Luis Manganaro, impulsó una reforma alineada al paradigma de la «mano dura», tras una larga lucha de organizaciones sociales y políticas, incluida la defensoría.
La modificación del artículo la introdujo el diputado Manuel Fuertes (NCN) durante el tratamiento en particular de la norma. Uno de los argumentos esgrimidos fue que el cambio de autoridad implicaba jerarquizar al ministerio de Desarrollo Social.