Incluyen educación, transporte aéreo y marítimo, y servicios aduaneros. En caso de paro, deberán garantizar entre el 50% y 75% de funcionamiento.
El presidente Javier Milei firmó un nuevo decreto de necesidad y urgencia (DNU 340/2025) que restringe el derecho a huelga al ampliar la cantidad de actividades consideradas “esenciales”, que deben mantener un nivel mínimo de funcionamiento durante los conflictos laborales. La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial.
Entre las nuevas actividades incorporadas como esenciales se encuentran:
- Educación en niveles de guardería, preescolar, primaria, secundaria y educación especial.
- Transporte aerocomercial y control de tráfico portuario.
- Servicios aduaneros y migratorios.
- Transporte marítimo y fluvial, incluyendo carga, personas y operaciones costa afuera.
- Producción y distribución de gas y otros combustibles.
Estas se suman a los servicios que ya estaban contemplados, como la salud, el suministro de energía eléctrica y agua potable, telecomunicaciones, y el control aéreo.
El decreto establece que los servicios esenciales deberán garantizar al menos un 75% de cobertura, y los de “importancia trascendental” un 50%. “No se podrá negociar o imponer una cobertura menor”, señala el artículo 3 del texto.
La decisión forma parte de una serie de medidas de desregulación impulsadas por el Ejecutivo, en particular sobre la marina mercante. Además de la firma de Milei, el decreto cuenta con el aval de varios ministros, entre ellos Luis Caputo (Economía), Patricia Bullrich (Seguridad) y Federico Sturzenegger (Desregulación del Estado).
Críticas de expertos y sectores sindicales
La normativa generó un inmediato rechazo entre abogados laboralistas y representantes sindicales. Matías Cremonte, expresidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, advirtió que “se prohíben las huelgas”, y recordó que la OIT sólo considera esenciales aquellos servicios cuya interrupción puede poner en riesgo la vida, la salud o la seguridad de la población.
Por su parte, Luis Campos, del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, alertó que el Gobierno busca reinstalar los artículos del DNU 70/2023 —actualmente suspendido por la Justicia— que limitan el derecho de huelga a gran parte de los trabajadores.
Desde el ámbito político, la diputada Vanina Biasi (Frente de Izquierda) llamó a las centrales obreras a convocar un paro general.