Neuquén.- Las fiscales Paula Yerfino y Silvia Moreira formularon cargos a cuatro personas acusadas de comercializar estupefacientes en la ciudad de Neuquén, tras una investigación que incluyó denuncias vecinales, tareas de vigilancia y allanamientos simultáneos. Además, solicitaron medidas de coerción y la clausura de una vivienda utilizada presuntamente como punto de venta de drogas.
De acuerdo con la teoría del caso presentada por la fiscalía, entre el 10 de marzo y el 7 de mayo de 2026, O.A.D.R., B.L.I.L., T.A.M. y V.S.M. comercializaron estupefacientes desde una vivienda del barrio Gregorio Álvarez, y también mediante la modalidad delivery, utilizando distintos vehículos.
Según la investigación preliminar, las ventas se realizaban de forma presencial desde el domicilio —incluso a través de una ventana que daba a la calle— y mediante entregas en automóviles y motocicletas. La fiscalía indicó que se detectaron 89 movimientos compatibles con operaciones de comercialización de droga durante el período investigado.
El 7 de mayo se realizaron allanamientos en tres domicilios. Durante los procedimientos se secuestraron 125,8 gramos de cocaína, 34 gramos de cogollos de cannabis, 15 pastillas de éxtasis, más de 12 gramos de MDMA, ketamina, dinero en efectivo, balanzas de precisión, recortes de nylon, anotaciones de interés para la investigación y vehículos presuntamente utilizados para la distribución de droga.
Además, en una habitación alquilada por O.A.D.R. se halló un arma de fuego calibre 22 apta para el disparo, motivo por el cual se le atribuyó un segundo hecho.
Como medida de coerción, se solicitó que O.A.D.R. y B.L.I.L. cumplan prisión preventiva bajo modalidad domiciliaria durante cuatro meses, al considerar acreditados riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Entre otros argumentos, se indicó la gravedad de los hechos investigados, la existencia de una estructura organizada y el temor de vecinos a declarar de forma abierta.
Para T.A.M. y V.S.M. pidió la libertad con medidas cautelares: fijación de domicilio a más de 200 metros de la vivienda investigada, prohibición de acercamiento al inmueble, prohibición de salir de la provincia y presentaciones quincenales en comisarías.
Por su parte, la coordinadora Querejeta solicitó la clausura por cuatro meses del inmueble ubicado en el barrio Gregorio Álvarez, al sostener que fue utilizado como punto de venta de estupefacientes y que la medida resulta necesaria para profundizar la investigación, determinar responsabilidades vinculadas a la propiedad del lugar y evitar la continuidad de la actividad ilícita.
El juez de garantías Juan Guaita hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal: tuvo por formulados los cargos, fijó un plazo de investigación de cuatro meses y ordenó la prisión preventiva domiciliaria de O.A.D.R. y B.L.I.L., con controles mediante rondines policiales diarios y colocación de tobillera electrónica cuando exista disponibilidad técnica. También dispuso la libertad de T.A.M. y V.S.M. bajo las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía y ordenó la clausura del inmueble investigado por el plazo de cuatro meses.