Neuquén.- Los scoops son pequeñas máquinas retroexcavadoras tan angostas como las galerías de una mina. Como una oruga de metal, entran y salen de forma recurrente de los túneles, para sacar las miles de toneladas de roca molida que se desechan en la producción de oro. Podría decirse que estos vehículos son al sector lo que un tractor es a una chacra.
Desde hace varios meses, la minera Andacollo Gold, única explotación metalífera de la provincia, tiene todos sus scoops rotos. Es tan sólo una postal de la profunda crisis en la que entró la compañía, que desde hace un año y medio quedó un manos de un grupo empresario mendocino.
Según pudo saber «Río Negro» de fuentes oficiales, la compañía está paralizada desde diciembre y debe alrededor de 30 millones de pesos entre los sueldos de los empleados -que no cobran desde diciembre-, atrasos con proveedores y regalías mineras entre otros conceptos. Además, requiere de una fuerte inversión de al menos 10 millones de dólares para reactivar el negocio del oro en el norte neuquino, algo que parece viable pero requiere aportes de capital.
En medio de esta crisis que pone en peligro a 160 puestos de empleo, ya comenzó el proceso de recisión del contrato que Andacollo Gold tiene con la firma estatal Cormine, dueña de los derechos mineros. Según contó el presidente de la compañía pública, Martín Irigoyen, ante el incumplimiento de una serie de requisitos de activó una cláusula para ponerle fin al convenio. Ahora, la empresa tiene 15 días para responder o este se romperá de forma automática.
De forma paralela, la provincia presentó recursos judiciales para salvaguardar las instalaciones y evitar daños ambientales ante la parálisis. La planta y el equipamiento cuestan unos 30 millones de dólares.
«¿Cómo sigue el proceso?», preguntó este medio a Irigoyen. El funcionario indicó que de no haber respuesta de la empresa -algo que a esta altura parece probable-, se rompe el contrato y hay que licitar de nuevo los derechos mineros. Lo que quedará para resolver es qué pasa con la infraestructura. En principio, de dar lugar la Justicia a la cautelar, quedará bajo custodia del Estado. Pero luego habrá que arreglar con la empresa para su traspaso.
De todos modos, la intención del gobierno no es estatizar la mina, sino buscar un inversor con las espaldas y know how necesario para poner en valor el lugar. «Hay interesados», reveló Irigoyen, aunque no dio mayores detalles. Sí aclaró que la empresa que maneja «está trabajando para salir de esta situación coyuntural lo antes posible, poner la mina en producción de nuevo y dar una respuesta a los trabajadores».
Río Negro