Tras la condena a Mateo Guillermo Herrera y Cristian Joel Miño por el crimen de Caliani, el abogado de la familia de la víctima, Federico Egea, se refirió al fallo judicial y aseguró que, si bien hubo una respuesta de la Justicia, el proceso dejó sensaciones encontradas en los familiares.
En diálogo con el programa Mañanas en Red, Egea sostuvo que los dos condenados llegaron en libertad a la audiencia y que, tras la resolución judicial, quedaron detenidos a la espera de ser trasladados a una unidad penitenciaria para cumplir la condena.
El abogado explicó que ambos permanecen actualmente en una comisaría debido a la emergencia carcelaria vigente en la provincia de Neuquén desde 2024, mientras el Departamento de Seguridad Penitenciaria define un cupo en la Unidad de Detención N°11 o en otra dependencia.
Sobre la resolución judicial, Egea consideró que la respuesta jurisdiccional “no fue del todo satisfactoria” para la familia, principalmente por la extensión del proceso y por situaciones que, según remarcó, generaron revictimización.
“El asesinato de un hijo es irreparable, independientemente de la pena que se imponga”, sostuvo el letrado, quien además planteó que el proceso podría haber tenido un abordaje “más empático” hacia las víctimas.
En relación con el cumplimiento de la pena, aclaró que a los condenados solo se les computarán 30 días de arresto excepcional que tuvieron al inicio de la causa, descartando que hayan estado bajo prisión domiciliaria durante el proceso.
Egea también se refirió al tratamiento socioeducativo al que fueron sometidos los acusados en el marco del régimen de minoridad vigente al momento del hecho y aseguró que no hubo apego a las medidas establecidas.
Según explicó, los jóvenes no sostuvieron procesos educativos, laborales ni tratamientos vinculados a adicciones, lo que derivó en que el tratamiento fuera considerado fracasado y se avanzara con la imposición de una pena de prisión efectiva.
Además, el abogado planteó que existen falencias estructurales en los dispositivos de libertad asistida y en las políticas de prevención y contención para adolescentes en conflicto con la ley.
En ese sentido, sostuvo que la falta de inversión estatal en educación, salud, deporte y programas de rehabilitación impacta directamente en la posibilidad de evitar la reincidencia y garantizar procesos efectivos de reinserción social.