En el programa Mañanas en Red, el jefe fiscal Pablo Viñaroli confirmó que el Ministerio Público Fiscal solicitó la audiencia de formulación de cargos contra el intendente de Plottier, Luis Bertolini, la subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez, y un empresario, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en contrataciones municipales.
Según explicó el fiscal, la causa abarca al menos 180 contrataciones realizadas entre 2024 y 2025, en las que se habrían pagado más de 1.500 millones de pesos a un proveedor identificado como Vilches.
De acuerdo a la investigación, estas contrataciones presentan irregularidades que, para la fiscalía, no serían meramente administrativas, sino que habrían sido realizadas con el objetivo de beneficiar al empresario.
“En todas las contrataciones aparece el mismo proveedor como invitado y, casualmente, siempre resultaba adjudicado”, detalló Viñaroli.
Irregularidades y vínculos
El fiscal indicó que en muchos casos no se cumplió con el manual de contrataciones del municipio, que exige, por ejemplo, solicitar al menos cinco presupuestos. Sin embargo, en los expedientes analizados se habrían pedido solo dos o tres.
Además, señaló que el empresario contratado no operaba a través de una empresa formal, sino como persona física, utilizando distintos nombres de fantasía.
Uno de los puntos clave de la investigación es el vínculo entre el proveedor y el entorno de la subsecretaria de Hacienda. Según explicó Viñaroli, Vilches tendría una sociedad comercial con el hijo de la funcionaria, y se detectaron transferencias de dinero desde las cuentas del proveedor hacia cuentas vinculadas a ese entorno.
“Estamos analizando movimientos que podrían indicar retornos de dinero vinculados a estas contrataciones”, afirmó.
Posibles delitos y avance de la causa
La fiscalía evalúa imputar el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, aunque no descartan que se trate de múltiples hechos individuales por cada contratación.
En una primera etapa, la formulación de cargos alcanzaría a Bertolini, Ramírez y Vilches, mientras que otras personas podrían ser incorporadas en el avance de la causa.
Viñaroli explicó que ya cuentan con documentación, testimonios y material secuestrado en allanamientos que respaldan la teoría del caso, incluyendo correos electrónicos y registros de movimientos bancarios.
Posibles medidas
Ante la situación, la fiscalía no descarta solicitar medidas de coerción para evitar que los imputados interfieran en la investigación. Entre ellas, podría pedir que el intendente no concurra a su despacho, aunque sin implicar necesariamente su suspensión en el cargo.
La audiencia de formulación de cargos aún no tiene fecha confirmada, pero se estima que podría realizarse en las próximas semanas.