La Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso presentado por el Gobierno nacional y dejó firme una medida cautelar que obliga al Estado a cumplir dos artículos de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. La decisión mantiene vigente, al menos en esta etapa del proceso judicial, la actualización salarial para docentes y no docentes universitarios y la recomposición de programas destinados a estudiantes.
La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes consideraron inadmisible la apelación del Poder Ejecutivo debido a que no existe una sentencia definitiva sobre el fondo de la causa.
El conflicto judicial se originó tras un amparo colectivo impulsado por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintas universidades públicas. Los demandantes cuestionaron el decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno condicionó la aplicación de la ley a la definición de fuentes específicas de financiamiento.
Previamente, la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal había ordenado al Estado cumplir de manera inmediata con los artículos 5 y 6 de la norma. Esos puntos establecen la actualización de los salarios del personal docente y no docente desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, además de la recomposición de programas destinados al estudiantado.
La medida cautelar no alcanza a otros aspectos contemplados en la legislación, como la recomposición presupuestaria correspondiente a los años 2024 y 2025 ni otras partidas vinculadas a programas de fortalecimiento y asistencia universitaria.
Al analizar el caso, la Cámara Federal consideró que el Estado no logró desvirtuar los argumentos presentados por las universidades y advirtió que la falta de aplicación de la norma podría generar perjuicios significativos en el sistema educativo, afectando tanto las condiciones salariales como el derecho a enseñar y aprender.
Aunque la decisión judicial representa un respaldo a la vigencia de la ley, su impacto económico inmediato es limitado. Esto se debe a que el pasado 10 de junio el Gobierno nacional firmó un acuerdo con universidades y gremios docentes y no docentes para transferir fondos destinados a una recomposición salarial del 24,33%, incrementar un 20% los gastos de funcionamiento y ampliar las partidas para hospitales universitarios.
Ese acuerdo también incluyó una actualización del 50% para las Becas Manuel Belgrano y el compromiso de retomar las negociaciones salariales en septiembre para analizar nuevas actualizaciones vinculadas a la inflación y la pérdida de poder adquisitivo acumulada.
Mientras tanto, el expediente principal continuará su curso judicial y deberá resolver la cuestión de fondo, que incluye el planteo de inconstitucionalidad del decreto 759/2025.