Un hombre condenado por homicidio que cumplía su pena en la cárcel de Devoto, donde trabajaba en un taller, fue trasladado a Ezeiza, donde le asignaron otra tarea con un nuevo horario, y se consideró despedido, por lo cual reclama una indemnización de $ 60.000.
El preso se aferró a la ley de contrato de trabajo, que indica que si hay un cambio en las condiciones laborales, uno puede considerarse despedido y pedir la correspondiente indemnización.
En declaraciones televisivas, el procurador penitenciario Francisco Mugnolo señaló que «algunos presos piden que se apliquen los derechos genéricos que rigen para todos los trabajadores en actividad, como la retroactividad, diferencias salariales y vacaciones no gozadas».
Asimismo reconoció que lo complejo que resulta aplicar la Ley de Trabajo en un ámbito carcelario. Por eso puso hincapié en la necesidad de que las autoridades intervenidas por el tema sancionen un nuevo marco normativo. De todas formas, hasta que esto se desarrolle, rige la legislación laboral ordinaria.