Presupuesto universitario: qué actividades ya redujo la UNCo y qué reclama para 2027

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) reclama que el presupuesto universitario para 2027 contemple los recursos que el sistema universitario nacional considera necesarios para garantizar su funcionamiento. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aprobó una propuesta de $11 billones, mientras que el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Poder Ejecutivo contempla $7,3 billones para las universidades nacionales. La diferencia es de $3,7 billones.
El rector de la UNCo, Christian Lopes, explicó que la situación presupuestaria es una de las principales preocupaciones de la institución y señaló que durante los últimos años se fueron acumulando restricciones que obligaron a reducir distintas actividades.
“Es como en las casas: uno deja de hacer, de comprar determinadas cosas, de hacer determinadas actividades, y cada vez va sacando hasta que llega un momento que no puede sacar más”, graficó.
Menos salidas y actividades
Lopes detalló que entre las medidas adoptadas por la universidad se encuentran la reducción de salidas a campo, visitas y otras actividades que requieren recursos.
En el área de ciencia y tecnología, señaló que la UNCo intenta sostener el financiamiento de los proyectos de investigación, aunque la situación también se ve afectada por las dificultades presupuestarias que atraviesa el sistema científico nacional.
El rector explicó que muchos investigadores de la universidad también forman parte del Conicet y que históricamente existió un esquema de financiamiento compartido entre ambas instituciones. Según planteó, las restricciones en ambos organismos provocaron que algunas investigaciones queden frenadas o avancen con mayores dificultades.
La diferencia para 2027
El CIN aprobó el 4 de septiembre en Bariloche una propuesta presupuestaria de $11 billones para el conjunto de las universidades nacionales. Según la UNCo, el monto busca contemplar las necesidades básicas de funcionamiento del sistema universitario y científico.
En tanto, el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Poder Ejecutivo contempla $7,3 billones para las universidades nacionales. Desde la UNCo remarcaron que la diferencia representa un 65% del cálculo realizado por el CIN.
Ante este escenario, las autoridades de la universidad comenzaron una ronda de reuniones con legisladores nacionales de Neuquén y Río Negro para solicitar respaldo al proyecto elaborado por el CIN. En septiembre ya mantuvieron encuentros con representantes de Unión por la Patria y de La Neuquinidad.
La discusión por la Ley de Financiamiento Universitario
Otro de los puntos planteados por Lopes fue el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, sancionada en 2025. La norma establece disposiciones vinculadas con salarios y financiamiento del sistema universitario.
El rector señaló que existe una medida cautelar vinculada con determinados artículos de esa ley y que la Justicia intimó al Estado nacional a cumplir con lo dispuesto. Según la información difundida por la propia UNCo, el proceso judicial continúa y la universidad espera que se concrete la aplicación de las medidas reclamadas.
Lopes sostuvo que el escenario genera un impacto que va más allá de los salarios. Mencionó las becas estudiantiles, los gastos de funcionamiento, la investigación, la infraestructura y también la situación de la obra social universitaria.
En junio de 2026, el Gobierno nacional informó un acuerdo con el CIN y organizaciones gremiales que contempló una recomposición salarial para docentes y no docentes, una actualización de los gastos de funcionamiento y aumentos en determinadas becas.
Una nueva marcha en octubre
En ese contexto, el rector confirmó que la comunidad universitaria prepara una nueva movilización para el 15 de octubre. La UNCo ya había anticipado públicamente la convocatoria y señaló que la marcha forma parte de las acciones vinculadas al reclamo presupuestario.
Para Lopes, la discusión presupuestaria no se limita al funcionamiento cotidiano de las universidades, sino que también puede tener consecuencias sobre la investigación científica y tecnológica, especialmente por la necesidad de renovar y mantener equipamiento y sostener proyectos a largo plazo.


