«No podemos vivir en un país donde un preso gana más que un jubilado»

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Que los presos cobren sueldos en blanco por los trabajos que realizan en las cárceles sigue siendo un tema de debate. El diputado nacional y precandidato presidencial Sergio Massa reflotó la polémica para cuestionar a sus contrincantes políticos, en especial al Gobierno.

«Que se dejen de pavear con candidaturas y listas, y piensen que a la gente la inseguridad la aterra, y la plata no le alcanza para llegar a fin de mes. No podemos vivir en un país donde un preso gana más que un jubilado», aseguró el legislador del Frente Renovador.

La semana pasada, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a un hábeas corpus colectiva iniciada por la Defensa Pública Oficial y la Procuración Penitenciaria de la Nación, en la que se pidió la equiparación de los derechos laborales de los presos a las condiciones de trabajo libre. Los camaristas consideraron que el trabajo del preso no es una concesión graciable, sino un derecho y goza de protección constitucional y le asegura condiciones dignas y equitativas de labor.

Desde la conformación del sindicato de presos, en julio de 2012, muchos de los internos en las cárceles federales cobran el equivalente a un salario mínimo, vital y móvil. En la actualidad siete de cada diez detenidos alojados en la órbita del Servicio Penitenciario Federal (SPF) perciben hasta 4400 pesos mensuales, según consignó el diario Perfil.

Tal como publicó un diario nacional, unos 25.000 presos de todo el país forman parte del sistema laboral dentro de las cárceles, según el último informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (Sneep), de 2013. Representan alrededor del 40% de la población carcelaria total, que es de 64.109 personas. En las cárceles federales, donde están alojados 9795 presos, tiene trabajo el 75% (7380) del total de detenidos.

Massa afirmó en declaraciones radiales que «la diferencia entre reiterancia y reincidencia es demasiado técnica para una sociedad que lo que quiere es que haya castigo para el que lo comete y punto. No se trata de hacer definiciones jurídicas sofisticadas, sino de ajustar la ley a la demanda de la sociedad».
Y continuó: «El que cumpla con las normas tiene que tener premios e incentivos. El que afanó 2 veces, afanó 2 veces. Tenga o no primera condena».

(Fuente: La Nación)