Neuquén.- El secretario de Coordinación del Interior, Jorge Lara aseguró que la provincia desconoce que la familia Campos Maripe haya tenido “ocupación ancestral objetiva” en la zona de la meseta de Añelo, área donde actualmente se ubican las nuevas perforaciones de Loma Campana. Así lo indicó hoy por la mañana al exponer ante diputados de la comisión de Asuntos Municipales sobre el pedido de reconocimiento de propiedad en ese sector afectado a la industria petrolera. “No hemos encontrado puestos ancestrales, marcas, señales, puestos viejos o campos santos que puedan aportar material objetiva de la permanencia que avalen el pedido de los Campos Maripe”, afirmó Lara, quien agregó que para ello se recurrió a un relevamiento sobre el terreno y a una revisión de expedientes históricos anteriores a la conformación del Estado provincial.
No obstante, aclaró que sí se le reconoce a la familia permanencia en la zona de Añelo abajo, junto al río Neuquén, donde luego de lograr la personería jurídica como comunidad ancestral en el área pudieron acordar con YPF un plan de inversión para emparejar y poner bajo riego 63 hectáreas. El costo de la apertura de un canal y correspondiente conexión demandó una inversión de 10 millones de pesos que se gestionó a través de la empresa provincial Corfone. También la empresa se hizo cargo de los costos de la primer siembra de cebada en el lote y en breve la familia podría anexar 673 hectáreas más para poner bajo riego, que hoy pertenecen al IADEP.
Esta mejora se debió a que en noviembre de 2014 a la familia Campos Maripe se le otorgó la personaría jurídica para poder ser reconocida como comunidad. A partir de ello YPF los reconoce como superficiarios y les cobra servidumbre de paso.
Al hacer referencia a los datos recabados, Lara sostuvo que la familia Campos y los Maripe se asentaron en la zona en 1927, luego de cruzar la cordillera desde Chile. En esa área instalaron una huerta y contaban con animales. Añadió que este primer documento no tiene precisión respecto a la cantidad de hectáreas. Observó también que uno de los pocos antecedentes oficiales data de la década del 30’ y lo constituye un “pago de pastaje” que el gobierno nacional le cobró a la familia a cambio de un permiso de uso del terreno.
En igual sentido, recordó que luego esas tierras fueron otorgadas, con permiso de uso y ocupación, a la familia Vela, que en el año 1972 comenzó un proyecto forestal. Acotó que Belisario Campos pasó a trabajar como peón forestal por un par de temporadas para después retirarse a vivir al pueblo de Añelo. Al hacerlo, debió llevar sus animales a un puesto ubicado en El Morado, zona de meseta que se encuentra más al norte del área en litigio. Allí se encuentra hoy un rancho que fue construido en el año 2005, el mismo pertenece a Orlando Izasa y Susana Campos, parientes de la familia en conflicto. “El Morado no lo piden”, observó.
Respecto al relevamiento territorial indígena que lleva adelante el gobierno nacional a través del INAI -Ley 26.160-, señaló que el mismo sólo computa reconocimientos anteriores a 2012. En ese sentido, destacó que los Campos Maripe fueron reconocidos como comunidad en el año 2014, luego de la firma de un acta acuerdo de paz social. También advirtió que existen problemas con algunos relevamientos que realiza el INAI y los mismos no son reconocidos por la provincia. Al respecto, observó que algunos informes son sólo georreferénciales y carece de una investigación seria que aporte pruebas objetiva de permanencia.
Estuvieron presentes Darío Mattio; Jesús Escobar; Raúl Podestá; Graciela Muñiz Saavedra; Edgardo Della Gáspera; Beatriz Kreitman; Sergio Rodríguez; Alejandro Vidal y Ana María Baeza.