El presidente Javier Milei rechazó en su totalidad la Ley Nº 27.795, que establecía un nuevo esquema de financiamiento para las universidades públicas y mejoras salariales para docentes y no docentes. La decisión quedó oficializada este miércoles 10 de septiembre a través del Decreto 647/2025, publicado en el Boletín Oficial.
La medida profundiza el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el sistema universitario, en un contexto marcado por el congelamiento presupuestario y los reclamos gremiales por recomposición salarial. El Gobierno justificó el veto total como parte de su estrategia para evitar un aumento del gasto público.
Qué contemplaba la ley
El proyecto había sido aprobado el 21 de agosto con amplio respaldo opositor. Entre sus principales puntos, incluía:
- La asignación de partidas específicas para fortalecer la educación universitaria.
- La actualización automática de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas desde enero de 2025, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
- La mejora de salarios y condiciones laborales para docentes y no docentes.
- El impulso a políticas de investigación, extensión, infraestructura y bienestar estudiantil.
Los argumentos del Gobierno
Desde la Casa Rosada señalaron que la norma aprobada por el Congreso invadía facultades del Ejecutivo en materia presupuestaria. Según fuentes oficiales, el veto busca resguardar el equilibrio fiscal y evitar lo que consideran una intromisión del Legislativo en competencias propias del Ejecutivo.
El rechazo llega en un clima de creciente tensión con el ámbito académico. En abril, una masiva marcha universitaria nacional había visibilizado la crisis presupuestaria del sector, mientras que rectores y gremios advierten que los fondos actuales no alcanzan para gastos básicos ni para actualizar salarios frente a la inflación.
La decisión presidencial abre un nuevo frente de conflicto con la oposición y los sindicatos universitarios. Desde el Congreso ya anticiparon que intentarán insistir con la norma, aunque para revertir el veto se requiere una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras.