Neuquén – El fiscal general José Gerez emitió una instrucción general para que los y las fiscales impugnen las resoluciones mediante las cuales, ante la pandemia de COVID-19, se otorgue prisión domiciliaria a personas condenadas o procesadas.
El instructivo firmado el sábado pasado, sostiene que «se ha detectado la proliferación de planteos de excarcelación o concesión de prisión domiciliaria para procesados o condenados», situación que ha generado la preocupación de la sociedad.
Por estos motivos, entre otros, indica que «en caso que se demuestre un peligro inminente, actual y no conjetural para la salud por probable contagio de COVID-19, quien lo invoque debe probar en concreto que la sustitución del alojamiento en una unidad de detención por la prisión domiciliaria es adecuada, necesaria y proporcional para reducir sustancialmente ese riesgo».
Sobre la situación carcelaria en la provincia, el instructivo menciona que los estándares recomendados por organismos internacionales y regionales, como así también, por la Ley de Ejecución de la Pena «están siendo satisfechos en general en las unidades de detención de nuestra provincia: no se presenta hacinamiento, hay asistencia médica y sanitaria suficiente, se observan medidas de bioseguridad, se han limitado los contactos en la medida de la necesidad siguiendo las recomendaciones en materia epidemiológica.
El artículo Tercero plantea que deberán «solicitar la nulidad de las resoluciones judiciales que hayan concedido excarcelaciones o prisiones domiciliarias basadas en la pandemia de COVID-19, en las cuales se haya omitido escuchar previamente a la víctima».
