La medida incluye la eliminación «inmediata» del Fondo Compensador del Interior, cuyas sumas eran recibidas por las compañías de colectivos que operan fuera del AMBA.
A partir de ahora, según anunció la secretaría de Transporte, que depende del Ministerio de Economía, la ayuda oficial se canalizará a través de la tarjeta SUBE y será sólo para los beneficiarios de la tarifa social.
En la práctica, esta decisión del Gobierno de Javier Milei le impone a los gobernadores la necesidad de subir la tarifa de los colectivos o establecer subsidios con fondos propios.
La medida fue rechazada por los gobernadores de distintos partidos políticos que comenzaron a manifestar su disconformidad y a denunciar que es un «castigo» por la caída de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados.