El campo advierte un lock-out agrario en contra de la Ley de Abastecimiento

El vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Pedro Apaolaza pidió un "cese de comercialización” el día en que se trata la norma en Diputados.

Buenos Aires.- Apaolaza, reclamó hacer «un cese de comercialización de granos y carnes el mismo día en que se trata la ley (de Abastecimiento) en Diputados.

«Directamente hay que hacer un cesde de comercialización de granos y carnes el mismo día que se trata la ley en Diputados», sotuvo Palaoza en declaraciones hechas al diario Bae Negocios

El proyecto fue aprobado en general y en particular tras tras casi cuatro horas en el Senado y fue girado a la Cámara de Diputados, donde se iniciará el debate el martes de la semana que viene.

QUÉ DICE EL PROYECTO

  • La autoridad de aplicación designada por el Ejecutivo puede «intervenir en estados previos de la cadena de valor,sin contacto directo con el consumidor, fijando márgenes de utilidad, precios de referencia, así como niveles máximos y mínimos de precios».
  • En caso de que la autoridad de Aplicación intervenga en la producción y de ello se origine un perjuicio económico de una empresa habrá el pago de una compensación «justa y oportuna».
  • Finalmente,se excluyó a las micro, pequeñas y medianas empresas del alcance de la Ley «siempre que no detenten una posición dominante en el mercado».
  • La autoridad de aplicación deberá requerir»previamente autorización judicial» para aplicar sanciones como la «inhabilitación especial» o la «clausura temporal».
  • La autoridad de aplicación podrá imponer unaclausura inmediata de hasta tres días, sin embargo, si quisiera extender esa sanción por hasta un mes, también deberá pedir permiso a la autoridad judicial.
  • Se consideró»inconveniente» obligar a las empresas a difundir sus costos y ganancias, pero no las exceptúa de brindar esa información a la Secretaría de Comercio que la mantendrá en secreto.
  • ElObservatorio Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios será un organismo técnico para asistir a la Secretaría de Comercio en el monitoreo, relevamiento y sistematización de precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios comercializados y prestados en el país.

Por su parte, el secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, señaló el pasado domingo en declaraciones radiales que «al proyecto que enviamos le hicimos un montón de agregados para llegar al consenso».»En Suecia hay control de precios mínimos y máximos, en Estados Unidos hay penas hasta 10 años de prisión. Nosotros actualizamos las multas, simplificamos una ley que ya estaba hecha. No pensamos que iba a tener una reacción como la que tuvo, es sorprendente escuchar las críticas de la oposición diciendo que vamos a chavizar la Argentina para generar una situación de temor».

«Todos los países del mundo, toda la comunidad europea, Estados Unidos, Brasil tienen  la posibilidad, cuando hay una situación extrema de desabastecimiento, de poner una multa o una sanción. Es algo lógico y normal. Estamos generando una forma para que se pueda generar y que se lé de respuesta al consumidor y sobre esto no debatimos», agregó.

Sobre el tema, mientras que el titular de los industriales había tenido expresiones crudas contra el gobierno nacional por su decisión, comparándolo con la dictadura militar, el titular de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere aseguró que «están las herramientas institucionales y constitucionales para ir a la Justicia  y que determine si es así  o no», en relación a la supuesta inconstitucionalidad de la norma.

«Entendemos que viola tres principios constitucionales-explicó Etchevehere-: el derecho a la propiedad, de asociación ilícita y la delegación de facultades judiciales al Ejecutivo. Nos parece grave».

Álvarez, relativizó las acusaciones de inconstitucionalidad y señaló que «la ley que pretenden judicializar es la de abastecimiento, que está vigente en Argentina desde hace 40 años y nunca tuvo ningún tipo de inconstitucionalidad. Esta ley es menos permisiva que la anterior. No creo que pueda suceder eso pero sí que se declare la inconstitucionalidad de algún artículo. No es una situación de temer sino que es propio de sistema de poderes y está bien que pueda ser revisada judicialmente. Con este proyecto de ley pretendemos fortalecer a las empresas».

 

 

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