En una entrevista con Radio Con Vos Neuquén, el investigador del CONICET Matías Oberlin cuestionó el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar la Ley de Tierras y aseguró que la iniciativa, presentada bajo el nombre de «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada», en realidad busca eliminar los límites que actualmente restringen la compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros.
Oberlin explicó que la legislación vigente, sancionada en 2011, establece restricciones para evitar la concentración de tierras en manos extranjeras. Entre ellas, fija un límite del 15% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, además de impedir la adquisición de determinadas superficies estratégicas, como tierras ribereñas o con espejos de agua. Según indicó, el proyecto oficial pretende derogar esos artículos.
El investigador sostuvo que el tratamiento legislativo encontró dificultades en el Senado y señaló que el oficialismo debió postergar su avance ante la falta de votos suficientes. A su entender, el debate comenzó a tomar mayor visibilidad pública luego de que organizaciones y especialistas advirtieran sobre el alcance de la iniciativa.
En ese marco, señaló que, de acuerdo con datos oficiales obtenidos a través del Registro Nacional de Tierras Rurales, actualmente existen unas 13 millones de hectáreas en manos extranjeras en Argentina, una superficie equivalente a la provincia de Santa Fe.
Respecto de Neuquén, Oberlin afirmó que el departamento Lácar es uno de los cuatro con mayor nivel de extranjerización del país. Según precisó, más del 50% de su superficie ya pertenece a propietarios extranjeros, por lo que advirtió que eliminar los límites actuales podría profundizar ese proceso y generar un aumento en el valor de la tierra, de los alquileres y de la presión inmobiliaria.
El investigador agregó que los departamentos con mayores niveles de extranjerización se ubican principalmente en zonas cordilleranas, fronterizas y regiones con importantes recursos naturales, como agua, hidrocarburos y minerales estratégicos.
Además, mencionó el caso de Bariloche, donde una operación de compra de tierras por parte de un inversor extranjero permanece judicializada por las restricciones que establece la legislación vigente. Afirmó que, de derogarse la ley, operaciones de ese tipo podrían realizarse sin los controles actuales.
Finalmente, Oberlin consideró que el debate trasciende la cuestión inmobiliaria y planteó que se trata de una discusión vinculada a la soberanía sobre el territorio y los recursos estratégicos del país.