Al cumplirse cinco años de la explosión e incendio en la Escuela Albergue N°144 de Aguada San Roque, el exsecretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, recordó el hecho como una de las mayores tragedias que golpeó a la comunidad educativa neuquina y afirmó que, pese a que las condenas fueron ratificadas por la Justicia provincial, aún no se cumplen de manera efectiva.
En diálogo con el programa Vuelta con Vos, de Radio Con Vos Neuquén, Guagliardo señaló que el fallecimiento de la docente Mónica Jara y de los gasistas Nicolás Francés y Mariano Spinedi dejó al descubierto las graves falencias en los controles de la obra pública, especialmente en los establecimientos educativos.
El dirigente recordó que el proceso judicial concluyó en la provincia con la confirmación de las condenas a funcionarios y empresarios, aunque explicó que todavía no se ejecutan debido a instancias judiciales pendientes a nivel nacional.
«Todo el proceso judicial provincial está agotado, pero las condenas todavía no tienen cumplimiento efectivo», sostuvo.
Guagliardo remarcó que la tragedia generó un cambio profundo dentro de las escuelas. Explicó que hoy ningún directivo acepta la recepción de una obra si antes no cuenta con todas las certificaciones y garantías técnicas correspondientes, una responsabilidad que, afirmó, nunca debió recaer sobre el personal educativo.
En ese sentido, indicó que los docentes se mantienen especialmente atentos ante cualquier pérdida de gas, olor extraño o irregularidad en las instalaciones, priorizando la suspensión de actividades hasta que existan verificaciones técnicas que garanticen la seguridad de estudiantes y trabajadores.
También sostuvo que sería necesario avanzar en la instalación obligatoria de detectores de monóxido de carbono en todas las escuelas y edificios públicos, ya que actualmente sólo algunos establecimientos cuentan con esos dispositivos.
Por otra parte, destacó el rol que tuvo ATEN como querellante en la causa. Señaló que fue un paso importante porque permitió acompañar a las familias durante todo el proceso judicial y contribuir a que la sentencia siente un precedente para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.
Finalmente, afirmó que la búsqueda de justicia no sólo apunta a sancionar a los responsables, sino también a fortalecer los mecanismos de control para proteger la vida de docentes, estudiantes y trabajadores.