La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) inició un relevamiento de radares instalados sobre rutas nacionales de todo el país con el objetivo de verificar si cumplen con las condiciones técnicas y administrativas exigidas por la normativa vigente. El operativo incluyó controles en más de 40 mil kilómetros de corredores viales y detectó equipos que funcionaban sin autorización o fuera de los lugares habilitados.
Según informaron desde el organismo, de los 363 radares fijos registrados, solo 239 estaban instalados y operando en los sitios autorizados. En tanto, otros 124 equipos no se encontraban en la ubicación declarada ante la ANSV, por lo que se inició un proceso de intimación a las jurisdicciones responsables para determinar si continúan funcionando o si corresponde dar de baja las habilitaciones.
Además, durante los controles se detectaron 152 radares fijos instalados sobre rutas nacionales que, de acuerdo con la Agencia, no contaban con autorización nacional para labrar fotomultas. Frente a estas irregularidades, el organismo exigió la interrupción de los controles y el retiro de los dispositivos.
La Ley Nacional 26.363 y el decreto reglamentario 1716/2008 establecen que todo cinemómetro que opere sobre rutas nacionales debe tener autorización previa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Actualmente, según datos oficiales, existen 526 cinemómetros habilitados en rutas nacionales, entre ellos 363 radares fijos y 163 móviles.
Desde la ANSV indicaron además que comenzaron a ejecutarse bajas de autorizaciones y que también se revisará la situación de los equipos con verificaciones técnicas vencidas. En esos casos, las provincias o municipios deberán regularizar la documentación y los controles correspondientes para evitar perder las habilitaciones.
En medio de esta revisión, un reciente fallo de la Corte Suprema ratificó la competencia del organismo nacional sobre los radares ubicados en rutas nacionales. La resolución se conoció tras una presentación realizada por el municipio de Darwin, en Río Negro.
Desde la Agencia señalaron que “todo el sistema de radarización sobre rutas nacionales se encuentra actualmente en evaluación”, con el objetivo de adecuarlo a la normativa vigente y garantizar transparencia en su funcionamiento.
El abogado especializado en tránsito y seguridad vial Guillermo Pacharoni explicó que la detección de irregularidades puede derivar en la nulidad de muchas fotomultas emitidas mediante radares no homologados.
“Si un radar no está homologado, el acta puede quedar anulada, independientemente de si hubo exceso de velocidad”, sostuvo.
El especialista remarcó que para que una multa tenga validez, el equipo debe contar con homologación y calibración vigente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), trámite que debe renovarse cada año.
También explicó que las actas de infracción deben cumplir distintos requisitos formales, como la correcta identificación del vehículo, el lugar del control y el operador responsable del procedimiento.
Por otra parte, cuestionó la modalidad de notificación utilizada en numerosos casos y sostuvo que muchas multas aparecen recién cuando el conductor intenta transferir el vehículo o renovar la licencia.
Pacharoni agregó que muchos automovilistas terminan pagando las multas aun cuando consideran que son irregulares, debido a los costos y tiempos que implica realizar descargos o apelaciones administrativas.