Neuquén.- En el marco de una investigación por estafas vinculadas a operaciones inmobiliarias de la Cooperativa 14 de Octubre, la asistente letrada de la unidad fiscal de Delitos Económicos Tanya Cid solicitó la prórroga por un año de las medidas cautelares y de coerción que alcanzan a personas imputadas que aún no fueron condenadas ni sometidas a juicio. Tras escuchar a las partes, el juez de garantías Juan Manuel Kees hizo lugar a todos los planteos de la fiscalía.
Durante la audiencia, la representante del Ministerio Público Fiscal indicó que comprenden a C.M.G. y M.M.P.D.S., más allá de que hay otra persona imputada, y argumentó que sobre el cierre de la investigación, no se produjeron cambios que permitan atenuar las medidas. Por el contrario, sostuvo que el avance de la causa incrementa el riesgo procesal.
Las medidas de coerción renovadas consisten en la obligación de realizar comparendos periódicos y solicitar autorización judicial para salir del país por más de 30 días. En cuanto a las medidas cautelares, se mantuvo el embargo del inmueble ubicado en Diagonal España 467 de la ciudad de Neuquén —sede de la cooperativa— y la inhibición general de bienes de C.M.G. y M.M.P.D.S., con el objetivo de asegurar una eventual ejecución patrimonial en caso de condena.
Desde la fiscalía se aclaró que no se solicitó la prórroga del plazo de la etapa preparatoria, que vence el próximo 19 de febrero, ya que antes de esa fecha se presentará la acusación, instancia que pone fin a la investigación y deriva en la realización de una audiencia y se resuelve el pase a etapa de juicio.
El Ministerio Público Fiscal le atribuye a C.M.G. y al ya condenado Mario Osvaldo Del Río haber defraudado a 63 víctimas mediante maniobras realizadas entre 2016 y julio de 2022, aprovechando sus cargos en la Cooperativa 14 de Octubre. Según la acusación, las víctimas realizaron pagos creyendo que adquirirían terrenos en la meseta de Neuquén, pero el dinero no fue destinado al proyecto de urbanización correspondiente. A C.M.G., M.M.P.D.S. y a una tercera imputada, M.F, se les atribuye haber colaborado con Del Río en la realización de la maniobra.
El perjuicio económico histórico fue estimado en $61.796.497,55 y U$D 13.450, montos que, actualizados a febrero de 2026, superan los $412 millones. En función de esa actualización del perjuicio, durante la audiencia también se adecuó el monto del embargo vigente sobre el inmueble, a fin de cubrir el valor actualizado del daño económico investigado.
En relación con M.F., la otra imputada en la causa, la fiscalía explicó que no participó de la audiencia debido a que no pesa sobre ella ninguna medida de coerción.