San Martín de los Andes: rechazaron el juicio político contra el intendente Saloniti
El intendente se presentó este jueves ante el Concejo Deliberante, donde durante cuatro horas respondió a los seis cargos incluidos en una denuncia presentada por una vecina. Los votos necesarios para avanzar con el proceso de juicio político no fueron alcanzados.
El intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, evitó el juicio político luego de presentarse este jueves ante el Concejo Deliberante y responder uno por uno los seis cargos formulados en su contra por la vecina Valeria López Oronoz.
La exposición se extendió durante aproximadamente cuatro horas y se realizó en una sesión especial convocada a pedido del propio jefe comunal. Finalmente, el cuerpo legislativo no reunió los votos necesarios para avanzar con el juicio político, por lo que Saloniti continuará en funciones.
Durante su presentación, el intendente abordó cuestionamientos vinculados con el sistema cloacal y el Lago Lácar, la deuda municipal con el EPEN, el cumplimiento de una medida cautelar del Tribunal Superior de Justicia relacionada con el Convenio Colectivo de Trabajo, las obras en el Cerro Chapelco, el vínculo con la Contraloría Municipal y el proceso de participación ciudadana previsto para el Plan de Ordenamiento Territorial.
“No les pido que compartan cada decisión de mi gobierno. No les pido que dejen de controlar. Les pido rigor y, recién después de hacer ese análisis, que se pregunten cuál es exactamente la conducta personal que se me atribuye”, sostuvo Saloniti durante su exposición.
Qué respondió sobre el sistema cloacal y el Lago Lácar
Uno de los principales puntos de la denuncia estuvo relacionado con el funcionamiento del sistema cloacal y su impacto sobre el Lago Lácar.
Saloniti sostuvo que la Cooperativa de Agua Potable había aclarado públicamente que no había diagnosticado un colapso general del sistema y que las plantas se encontraban funcionando de manera continua y regular.
“No es lo mismo decir que hay una infraestructura exigida que necesita inversión que afirmar que todo el sistema está colapsado”, planteó.
También afirmó que la problemática vinculada con los barros cloacales había comenzado a ser abordada antes de la denuncia. En ese sentido, mencionó gestiones de asistencia financiera y un aporte provincial no reintegrable de más de $128 millones recibido por la Cooperativa en agosto de 2025, destinado a mejorar la capacidad operativa de las plantas y la provisión de agua.
Según explicó, en reuniones entre el Municipio, el Organismo de Control Municipal, la Cooperativa y el Ente Provincial de Agua y Saneamiento se determinaron como prioritarios distintos equipamientos para la planta que protege al Lago Lácar, entre ellos un grupo electrógeno, dos sopladores y un equipo deshidratador de lodos.
La compra de esos elementos, indicó, se encuentra en trámite y demandaría una inversión estimada en $600 millones.
Saloniti reconoció que las obras e inversiones no resuelven de manera definitiva todos los problemas de saneamiento, pero cuestionó que se caracterice a su administración como inmóvil frente a la situación.
La deuda con el EPEN
Otro de los cargos estuvo relacionado con la deuda que el Municipio mantiene con el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN).
El intendente explicó que el saldo a favor del organismo provincial comenzó a registrarse en 2024 y que durante 2025 el desequilibrio se profundizó, entre otros factores, por el aumento de las tarifas eléctricas, el crecimiento del alumbrado público y la cantidad de suministros municipales.
Saloniti detalló que el municipio cuenta con 286 suministros: 150 corresponden al alumbrado público y 91 son de uso general. El resto se distribuye entre suministros residenciales, de mediana y de gran demanda.
Aseguró además que desde diciembre de 2019 se incorporaron 82 nuevos suministros, mientras que los otros 204 ya existían previamente.
Para el jefe comunal, esto demuestra que se trata de una situación acumulada durante varios años y no de un esquema generado exclusivamente durante su administración.
Explicó que, una vez detectado el desequilibrio, el Municipio decidió trabajar en dos frentes: regularizar la deuda y revisar las causas administrativas que podían continuar generándola.
En ese marco, señaló que se refinanció la deuda y se comenzó a analizar cada suministro y la potencia contratada.
La medida cautelar del TSJ y el Convenio Colectivo
Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con una medida cautelar dictada por el Tribunal Superior de Justicia y su vinculación con el Convenio Colectivo de Trabajo.
Saloniti rechazó que la discusión jurídica pueda convertirse en una imputación personal por una supuesta desobediencia.
“Se pretende transformar una discusión jurídica, que todavía se encuentra sometida al Tribunal Superior de Justicia, en una imputación personal al intendente de desobediencia. Son cuestiones completamente diferentes”, sostuvo.
En ese sentido, planteó que para atribuirle un incumplimiento de una orden judicial deberían identificarse con precisión cuál fue la orden impartida, qué conducta debía realizar o evitar y qué acto concreto habría dictado en contradicción con esa resolución.
“La responsabilidad política no puede fundarse en abstracciones, tiene que existir una conducta concreta”, afirmó.
Los cuestionamientos por las obras en Chapelco
Saloniti también respondió a las acusaciones vinculadas con las obras realizadas en el Cerro Chapelco y defendió el accionar municipal en materia de control ambiental.
Relató que el 30 de enero de 2026 el Municipio constató movimientos de suelo en la playa de estacionamiento del cerro que se realizaban sin autorización municipal.
Según explicó, ante esa situación se ordenó la paralización de los trabajos.
El intendente sostuvo que la irregularidad había sido cometida por la empresa concesionaria y que fue detectada por la administración municipal, que actuó para detenerla.
Además, recordó que el proceso continuó y culminó con la aprobación de la Ordenanza N° 15.593/26, sancionada por el propio Concejo Deliberante el 23 de abril, mediante la cual se aprobó la Factibilidad Ambiental de la Playa de Estacionamiento del Cerro Chapelco.
Saloniti señaló que el expediente fue sometido a evaluaciones técnicas y a instancias de participación institucional, incluyendo reuniones con comunidades originarias.
También aclaró que determinadas obras, como el nuevo medio de elevación, los cañones de nieve y las líneas eléctricas, corresponden a una licitación provincial y no forman parte del expediente municipal cuestionado.
El rol de la Contraloría Municipal
En otro tramo de su exposición, el intendente se refirió a los cuestionamientos relacionados con la Contraloría Municipal.
Saloniti sostuvo que el organismo tiene la función de controlar la administración y que el Ejecutivo municipal debe responder ante sus observaciones, pero marcó una diferencia entre las funciones de ambos organismos.
“La Contraloría tiene que controlar. Y un intendente no tiene derecho a impedir ese control. Ahora bien, controlar no significa gobernar”, afirmó.
Explicó que las observaciones realizadas por la Contraloría fueron respondidas en su mayoría y que otras fueron derivadas a las áreas municipales correspondientes para su análisis.
Plan de Ordenamiento Territorial y participación ciudadana
Finalmente, Saloniti respondió al cuestionamiento relacionado con la realización de una audiencia pública en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial.
El intendente negó que el Ejecutivo haya intentado evitar deliberadamente ese mecanismo de participación.
Sostuvo que la Carta Orgánica Municipal establece la audiencia pública para determinados proyectos de ordenanza vinculados con normas ambientales y urbanísticas, pero afirmó que esa instancia corresponde una vez concluida la asistencia técnica y elaborado el proyecto de Código de Planeamiento Urbano.
Según explicó, una vez finalizado ese proceso, el proyecto será sometido al procedimiento previsto por la normativa municipal, incluida la audiencia pública correspondiente.
Tras la exposición del intendente y el debate de los concejales, el cuerpo legislativo no alcanzó los votos necesarios para avanzar con el juicio político. De esta manera, el proceso quedó sin continuidad y Saloniti seguirá al frente del Ejecutivo municipal.
