Buenos Aires.- Organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos alertaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la regresión en las políticas migratorias que implementa el Gobierno argentino de Mauricio Macri después de que dos provincias -Jujuy y Santa Cruz- decidan medidas «que violan la igualdad de derecho de la población migrante».
«Tanto a nivel normativo como en las prácticas estatales, el país ha desarrollado medidas que restringen los derechos de las personas migrantes», señalaron en una carta pública enviada a cuatro autoridades del organismo.
«Estos cambios normativos se vienen llevando a cabo en el país y restringen considerablemente los derechos de las personas migrantes, como la modificación por DNU de la ley Nacional de Migraciones en 2017», expresó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las organizaciones firmantes, refiriéndose al decreto presidencial que restringe las condiciones de permanencia de los extranjeros que delinquen en Argentina.
Las organizaciones firmantes mencionan el caso de una peruana madre de tres argentinos, Vanessa Gómez Cueva, quien «vivió en el país por más de 15 años, cumplió su condena en 2014 y aun así fue expulsada con su hijo menor y sin poder despedirse de los otros dos».
