Cada vez que se aborda la problemática sanitaria en el interior de la provincia uno de los temas más importantes es la falta de acceso a la vivienda para que profesionales se instalen en las distintas localidades.
Neuquén fue un modelo en el país de cómo administrar el sistema sanitario; y entre las políticas públicas determinadas estaba la construcción de “viviendas institucionales” para profesionales de la medicina, seguridad o educación.
Sin embargo, en 1993 se aprobó la ley 2021 que autorizaba al estado a “disponer la enajenación de las «VIVIENDAS INSTITUCIONALES»; dando prioridad a quienes las estaban ocupando en ese momento. Si el ocupante no manifestaba su voluntad de adquirir la vivienda debía desocuparla en 180 o se procedería al desalojo.
Las viviendas que retornaran al dominio del Estado provincial, serían vendidas en licitación pública.
El objetivo de esa ley era sacarse de encima la responsabilidad del mantenimiento de las viviendas y generar ingresos a las flacas arcas estatales. En su articulación establece que “Los recursos que el Estado provincial obtenga por aplicación de la presente Ley, originados en la venta de las viviendas y en el cobro de las indemnizaciones por retención indebida de los inmuebles, se destinarán a infraestructura y obra pública”.
Solamente 117 personas accedieron a esa posibilidad, de las cuales muy pocas finalmente completaron el pago.
En el año 2000 el gobernador Jorge Sobisch echó mano a la ley. Había 1485 viviendas institucionales pero un bueno número estaba en una zona gris en donde no se sabía quién las habitaba y por qué.
La realidad de hoy es que muchas ciudades neuquinas no cuentan con profesionales porque no tienen donde vivir. Las joyas de la abuela se vendieron o no se puede llegar a ellas.