Neuquén.- El gobierno de la provincia prorrogó la vigencia de la Ley 3076 de Alerta Hídrico – Ambiental, sancionada por la Legislatura neuquina en 2017. La misma establece que, a través la subsecretaría de Recursos Hídricos, el Ejecutivo provincial debe determinar el nivel de alerta de acuerdo con el valor de los indicadores ambientales internacionales.
Implica la identificación, evaluación y solución oportuna de las amenazas que pudieran surgir sobre el patrimonio hídrico de la provincia y que, en el largo plazo, puedan afectar de manera negativa a las personas.
«La declaración de la alerta implica una respuesta efectiva para reducir la vulnerabilidad humana al cambio ambiental, reforzando, a tiempo, mecanismos y estructuras ambientales básicas existentes», dice expresamente dicha norma.
También dispone que el Ejecutivo provincial y los municipios adopten medidas para conservar la calidad del agua; tales medidas serán de cumplimiento obligatorio. Mediante la misma norma legal se creó el Comité de Alerta Hídrico – Ambiental que tiene, entre sus funciones, la de elaborar el Plan Estratégico Integral de Alerta (PEIA) de los cursos y cuerpos de agua, y acuíferos de la provincia; dicho Comité no sólo está integrado por representantes de distintos organismos oficiales, sino también por representantes de la sociedad civil, de la Cámara de Diputados, y de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC).