La Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU) le pidió a la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, revisar el protocolo porque «impone restricciones indebidas al derecho a la libertad de reunión pacífica».
En el documento están detallados cada uno de los artículos del protocolo antipiquetes, los representantes de la ONU que lo firmaron aseguran que: «El derecho a la reunión pacífica, junto con otros derechos conexos, constituye el fundamento mínimo de un sistema de gobierno participativo basado en la democracia, los derechos humanos, el respeto de la ley y el pluralismo».
En definitiva, con la aplicación del Protocolo se podría «estar en presencia del fenómeno de criminalización de la protesta social a través del uso del derecho penal», lo que «es una decisión contraria al estándar internacional», concluye el documento de los relatores de la ONU.
El texto lleva la firma de Clement Nyaletsossi Voule, como representante de los derechos por la Libertad de reunión pacífica y de asociación, Irene Khan de Promoción y Protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, y Mary Lawlor como representante de la Situación de los defensores de Derechos Humanos.