La Justicia federal dispuso este lunes la prohibición de difundir los audios de Karina Milei y otros funcionarios del Ejecutivo, que habrían sido registrados sin autorización dentro de la Casa Rosada. La medida responde a una denuncia presentada por el Gobierno, que calificó el hecho como una “operación de inteligencia ilegal”.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó en su cuenta de X que las conversaciones “no fueron filtradas, sino grabadas y manipuladas con el objetivo de condicionar al Poder Ejecutivo y desestabilizar en plena campaña electoral”. El funcionario remarcó que se trata de un ataque planificado y no de un hecho aislado.
La resolución judicial, firmada por el juez Alejandro Patricio Maraniello, establece que medios de comunicación, redes sociales y plataformas digitales deben cesar de inmediato la reproducción del material. Según Adorni, el fallo reconoce una vulneración grave a la privacidad institucional y descarta que esté en juego la libertad de expresión.
La denuncia del Gobierno
La presentación fue realizada por el Ministerio de Seguridad en el Juzgado Federal N.º 12. Allí se sostiene que las grabaciones constituyen una amenaza directa a la seguridad presidencial y al proceso electoral, al tratarse de un intento de generar caos y desinformación antes de las elecciones legislativas.
En el escrito también se señala como involucrados en la difusión de los audios al periodista Mauro Federico, al empresario Pablo Toviggino, al conductor Jorge Rial y al abogado Franco Bindi, a quien se lo vincula con sectores del exSIDE.
Además, el Gobierno solicitó el allanamiento y secuestro de equipos de “Carnaval Stream”, el medio que difundió en primera instancia los audios del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo. También pidió que la IGJ investigue la estructura societaria de ese medio y de otras empresas ligadas a Bindi.
Primeras grabaciones y reacción oficial
Los primeros audios publicados mencionaban presuntas coimas que involucraban a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem, hombre de confianza de la hermana del Presidente.
Tras conocerse el material, Adorni advirtió que, de comprobarse su veracidad, sería la primera vez en la historia argentina que un funcionario es grabado dentro de la Casa Rosada.
En paralelo a la vía judicial, el Gobierno analiza si los registros fueron alterados digitalmente para manipular su contenido con fines políticos.