Buenos Aires.- El ex presidente de River, Daniel Passarella, fue procesado por el delito de estafa y deberá probar que la sospecha de la Justicia sobre su participación en la reventa de entradas durante su gestión es infundada, o afrontar las consecuencias de las pruebas que existen en su contra.
El 22 de diciembre de 2013, el periodista Gustavo Grabiadio a conocer la noticia de que el fiscal José María Campagnoli había pedido el allanamiento de las oficinas del estadio Monumental y del domicilio del entonces presidente de River, Daniel Passarella, y su vice, Diego Turnes, a raíz de una denuncia que acusaba a estos y otras personas del delito de estafa a los socios en el marco del negocio de la reventa de entradas.
Todo surgió el 23 de junio de 2012 cuando un socio abonado a la San Martín Media fue junto a su hijo y su novia, también abonados, a ocupar los asientos que les correspondían en el Monumental para ver el partido entre River y Almirante Brown en el que el Millonario se jugaba el ascenso y se encontró con que uno de ellos ya estaba ocupado. El socio, conocido como Guillermo F., le pidió que liberara el lugar y éste justificó su presencia con el ticket que había comprado en la reventa. El afectado pidió explicaciones a las autoridades y, ante el maltrato que recibió, realizó la denuncia.
Esto generó una investigación sobre algunos dirigentes, policías, políticos y empleados de la empresa que emitía las entradas a través de la cual la Justicia determinó que tenía pruebas fundadas para llamarlos a declarar.
Las personas involucradas, además de los mencionados Passarella y Turnes, son: Gustavo Poggi (ex responsable del área de socios), Eduardo Rabufetti (ex vocal de la CD), Andrés Montinero (gerente de la empresa Top Show), los oficiales Alejandro Rivaud y Alejandro Hayet, y los integrantes de la barra brava Martín Araujo, Guillermo Godoy, Matías Goñi y José Uequín.
En la nota, Grabia relata con detalles asombrosos el proceso de reventa de entradas y el mecanismo con el cual los nombres que se investigaron lograban sacar réditos económicos.
En este sentido, fue en febrero de 2015 cuando el juez de instrucción Fernando Caunedo citó a declarar a Passarella y al resto de los involucrados, con fecha de febrero y marzo del vigente año, mismo tiempo en que trascendieron escuchar telefónicas que daban cuenta de la existencia del delito y que complicaron al Káiser.