Buenos Aires.- La jueza federal María Servini de Cubría dispuso la intervención judicial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el marco de una causa iniciada por una denuncia de la legisladora Graciela Ocaña por los fondos del Fútbol para Todos.
Esta medida no se trata de una intervención directa, decisión que llevaría a la FIFA a castigar a la AFA con la desafiliación provisoria, sino solo de un control de ingresos y egresos del edificio de la calle Viamonte. Tanto Luis Segura, presidente, como el resto de los dirigentes, seguirán ocupando sus cargos como hasta el momento. La diferencia radica en que, desde ahora, toda erogación de dinero deberá ser aprobada por el veedor asignado, de modo tal que la Justicia pueda rastrear todos los movimientos en los que la máxima entidad del Fútbol Argentino participe.
La medida se instrumentó a través de la designación de tres veedores con el objetivo de tener mayor control sobre los estados contables del organismo, según informaron fuentes judiciales a Infobae. Los funcionarios que fiscalizarán los movimientos del fútbol son: Alicia López, Alberto Piotti y un perito que nominará la Corte Suprema de Justicia.
La resolución surge en un momento complejo para la AFA y el fútbol internacional por el escándalo de coimas y corrupción que sacudió a la FIFA antes de la renovación de autoridades. Además, esta semana trascendieron varias escuchas que pusieron bajo la lupa la forma en que Julio Grondona conducía la sede de la calle Viamonte.
La denuncia de Ocaña asegura que la AFA aumentó el presupuesto del Fútbol para Todos sin control sobre la ruta de los fondos. Hay sospechas que buena parte del dinero nunca llegó a los clubes, los cuales siguen con fuertes deudas y con sus finanzas en jaque.