Buenos Aires.- Se trata de un pedido hecho por el ex diputado Gil Lavedra para que la Inspección General de Justicia bride datos de la empresa. Boudou está procesado en la causa por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.
La Corte Suprema de Justicia dejó firme un fallo que había obligado al Estado nacional, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ) a aportar información sobre la ex Ciccone Calcográfica. Se pronunció de esa manera ante un pedido que había hecho el ex diputado Ricardo Gil Lavedra, a quien se le negó la información requerida sobre la empresa que está en el centro de las sospechas.
Gil Lavedra había requerido a la IGJ precisiones sobre sus accionistas, domicilios y su inscripción en tal organismo, pero los datos le fueron negados. La Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal finalmente obligó al Estado a proveer esa información, y ahora la Corte confirmó ese fallo.
En sus argumentos, el máximo tribunal consideró que Gil Lavedra «en su condición de ciudadano se hallaba legitimado para acceder a la información requerida en poder de la administración». Y añadió: «El apelante tampoco critica la interpretación realizada por la sentencia con respecto a las leyes y otras disposiciones que asignan carácter público a la información requerida, ni desarrolla argumento alguno que explique por qué esa información se hallaría exceptuada de proveerla».
El fallo lleva la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Elena Highton y Juan Maqueda; no así la de Raúl Zaffaroni.