Jujuy.- El gobernador Gerardo Morales, ordenó revisar expedientes y documentos provinciales para ampliar las denuncias por asociación ilícita y fraude a la administración pública, que mantienen detenida a Sala en el penal de mujeres de Alto Comedero.
La mira de Morales está puesta en los 75 millones de pesos que la Red de Organizaciones Sociales, que también lideraba Sala, habría cobrado entre 2014 y 2015 en concepto de «adendas», esto es, por la redeterminación de precios en la construcción de viviendas.
Según declaró el gobernador, esas adendas por aumentos de costos no se otorgaban mientras se realizaban las construcciones, sino después de que las cooperativas habían terminado de construir las viviendas y de haber cobrado el final de obra.
Para explicar la operatoria, funcionarios provinciales dijeron que las casas se hacían, se certificaban y se pagaban en cuatro etapas, por un valor de entre 350.000 y 390.000 pesos. Eso se hacía entre enero y julio, pero en agosto las cooperativas pedían una adenda por redeterminación de costos de 96.000 pesos por cada vivienda. Pese a que supuestamente las casas estaban terminadas (y que ya se había pagado el final de obra), se otorgaba la adenda.
De esta forma, la nueva investigación no sólo busca dar con los $ 75 millones (más los $ 144 millones pendientes de pago), sino también busca determinar el rol del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, ya que se trataría de pagos hechos a través del Programa Federal de Integración Sociocomunitaria, que coordinaba esa cartera a través de la Secretaría de Obras Públicas, que encabezaba José López.
Fuente: La Nación.