San Juan.- En el marco de la investigación del derrame de cianuro que se produjo hace quince días en la mina Veladero, que explota la empresa canadiense Barrick Gold, el juez Pablo Oritja imputó a nueve empleados de la compañía, a quienes se les tomará declaración indagatoria a partir del 6 de octubre. Se trataría de empleados que estaban abocadas a operaciones vinculadas con el medio ambiente y que ya habían sido desplazados por la empresa.
Asimismo, el magistrado explicó que “no descarta la presunta omisión de controles por parte del Estado” y que por esa razón requirió nueva información al Gobierno. En ese sentido, el juez mandó ayer a allanar el Ministerio de Minería, el de Salud Pública, la Secretaría de Ambiente y Obras Sanitarias Sociedad del Estado, en busca de documentación relacionada con el derrame de 1.078.000 litros de solución cianurada ocurrido durante la tarde del sábado 12 y que recién se conoció públicamente el domingo 13.
El juez Oritja dijo que aún no maneja “ninguna hipótesis concreta” sobre las causas del incidente y se excusó de explicar a la prensa por qué decidió levantar la clausura a la planta de lixiviación de la mina Veladero, cuando en un primer momento se había extendido la suspensión de operar con cianuro hasta el 22 de octubre.
En tanto, anoche asambleístas de Jáchal marcharon junto a ambientalistas por el microcentro de la capital provincial para reclamar que la empresa Barrick repare el daño ambiental causado por el derrame de agua cianurada. Cerca de cuatro mil personas se reunieron en la plaza 25 de Mayo, frente a la Catedral, con carteles que pedían la prohibición de la “megaminería contaminante” y exigían la renuncia del ministro de Minería, Felipe Saavedra.