Neuquén.- El gobernador Rolando Figueroa presentó dos proyectos de ley para que la Legislatura autorice dos nuevas operaciones de crédito público con organismos internacionales: una de ellas con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la otra con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por hasta 150 millones de dólares cada una.
El monto del préstamo con el BID se destinará al Programa de Desarrollo Urbano y Mejora del Hábitat que afrontará obras de infraestructura urbana: servicios básicos, espacio público y equipamiento; obras viales, de movilidad sostenible y de equipamiento de transporte público, y proyectos de regularización dominial de la tierra y la propiedad en barrios populares, capacitaciones y mejora de las herramientas e instrumentos de planificación y reglamentación urbana.
El articulado de la autorización contempla la posibilidad de incrementar en 100 millones de dólares la autorización de endeudamiento dispuesta por la ley 3434, a fin de restituir el monto utilizado para la operación de crédito público concertada con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aprobado por decreto, quedando su límite máximo nuevamente fijado en 500 millones de dólares.
En tanto, la suma adquirida a través de la operación con el BIRF se destinará al Proyecto Infraestructura Resiliente para el Desarrollo Económico Regional y la Creación de Empleo -Fase 1–. El mismo apunta a optimizar la conectividad y el acceso a destinos claves, la mejora de ciertos sitios turísticos y fortalecer la capacidad institucional para el desarrollo del turismo.
Además, la propuesta faculta al Ejecutivo a modificar el destino de los montos a fin de aplicarlos, todos o parcialmente, a responder a una crisis o emergencia elegible, definida como «un evento que ha causado, o es probable que cause de manera inminente, un impacto económico y/o social adverso importante asociado con crisis o desastres naturales o provocados por el hombre”.
En cuanto a los términos y condiciones, en ambos casos se prevé un plazo total (incluido el plazo de gracia para el pago de capital) de hasta 32 años a partir de la fecha de entrada en vigencia del instrumento; un plazo de gracia para el pago de capital de hasta siete años y una tasa de interés y comisiones que serán aquellas que se convengan en los instrumentos que concreten las operaciones, de acuerdo con los criterios usuales utilizados y publicados por dichos organismos para la línea de crédito de que se trate.
Los proyectos de ley (18022 y 18023) ingresaron por Mesa de Entradas el 28 de octubre.