Neuquén.- El subsecretario de Servicios Concesionados, Fernando Palladino, afirmó que las declaraciones del director de Defensa del Consumidor de la provincia, Martín Reigada, forman parte de “una burda operación política contra el municipio” y que detrás “no sólo hay una incapacidad absoluta por parte del funcionario, sino lo que es más lamentable, involucra a los usuarios para posicionarse políticamente vaya a saber por qué razón”.
“Por qué Reigada aplica una multa a todos los vecinos de la ciudad. Eso es lo que tendría que explicar”, dijo Palladino, señalando que “nos hubiera gustado que ese organismo provincial actuara con la misma celeridad y decisión para sancionar el pésimo funcionamiento del servicio de agua y cloacas que presta el EPAS”.
“Estamos sorprendidos por la falta de criterio -prosiguió-, esto de salir a hacer conferencias de prensa antes de tener finalizado el dictamen de la resolución que está en proceso de elaboración. Esto da la pauta de la falta de seriedad del procedimiento. En todo caso lo que debe hacer es sacar la resolución y después hablar, esto es inconducente”.
Acerca de las declaraciones del funcionario provincial denunciando falta de control por parte del municipio, Palladino indicó que “no es cierto” y que “desde la subsecretaría a mi cargo cuando se hizo la primer denuncia pública, que casualmente se hizo en el Deliberante rodeado de concejales de la oposición, personalmente fui a la dirección de Defensa del Consumidor para que me informe sobre los casos y no me atendieron”. Luego, sostuvo, “emitimos cinco notas para interiorizarnos y no me respondieron ninguna”.
Asimismo, el subsecretario precisó que la comuna “intervino en todos los casos que el funcionario provincial denuncia, hemos actuado con celeridad, citando testigos y choferes, se ha actuado como se tiene que actuar, como lo establecen el marco regulatorio y el contrato de concesión”.
Adelantó que la Municipalidad actuará legalmente “cuando seamos notificados de la resolución” y remarcó el hecho de que “no se nos haya dado la posibilidad de intervenir en forma previa como sucede con todo procedimiento administrativo. Cuando uno sanciona a alguien se piden explicaciones para dar posibilidad de ejercer el derecho de defensa, pero nada de esto ha ocurrido, y esto no hace más que confirmar que se trata de una operación política de una persona que realmente deja mucho que desear como funcionario y como profesional”.
Por otro lado, recordó que en el mes de septiembre el municipio realizó una presentación en la dirección de Defensa del Consumidor -“porque veíamos su interés en participar en este tipo de situaciones”- a raíz de cinco accidentes ocurridos en un lapso de 15 minutos en calle El Trébol a la altura de Crouzeilles que dejaron siete personas lesionadas que debieron ser hospitalizadas.
Los siniestros fueron provocados por “una obra que no contaba con señalamiento y estaba a cargo de una empresa privada autorizada por el EPAS. Lamentablemente no hemos tenido ninguna respuesta por parte del organismo que dice defender estos derechos”.
“Nos llaman la atención estas actitudes que lo que hacen es reforzar la idea de que todo tiene una intencionalidad política y no tiene ninguna intención de defender a los usuarios, no es más que una campaña de desprestigio hacia la Municipalidad”, concluyó.
