Neuquén.- El fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Juan Narvaez solicitaron a una jueza de garantías que extienda la prisión preventiva que, desde el inicio de la investigación, cumplen tres de los 31 imputados por integrar una asociación ilícita dedicada a realizar estafas en la administración de planes sociales en el Ejecutivo provincial.
Se trata de los ex funcionarios a los que la fiscalía investiga como “líderes” de la organización: Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; Néstor Pablo Sanz, director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; y Marcos Ariel Osuna, responsable de Gestión de Programas del mismo organismo.
Tras un cuarto intermedio, la jueza confirmó hoy la prórroga solicitada por la fiscalía por considerar que en los tres casos persiste el riesgo de que, en libertad, los imputados puedan realizar maniobras de entorpecimiento de la investigación.
El 29 de noviembre, el Ministerio Público Fiscal amplió la acusación inicial y sumó en el rol de “jefes” de la organización a otros dos funcionarios de alto rango: el ex ministro de Desarrollo Social Abel Di Luca y el ex coordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler.
Además de quienes están señalados al frente de la asociación ilícita, hay otras 26 personas imputadas – entre particulares y empleados y empleadas del Ministerio de Desarrollo Social y de la Contaduría General del Ministerio de Hacienda- con distintos niveles de participación en la maniobra.