Los jefes de bloque del Senado confirmaron este martes la sesión para debatir y votar la Ley de Ficha Limpia. También se incluyó en el temario la declaración de emergencia en Bahía Blanca. El encuentro, inicialmente previsto para las 14, se adelantó para las 11.30. Durante la reunión de Labor Parlamentaria no se discutieron las dietas legislativas.
La sesión marcará el cierre de semanas de incertidumbre en la Cámara Alta. Desde la Casa Rosada aseguran contar con los votos necesarios para aprobar la norma, aunque las señales contradictorias de los últimos días generaron tensiones entre el oficialismo y los senadores. Mientras algunos funcionarios libertarios daban por garantizados los 38 votos (uno más de los 37 necesarios), otros admitían que aún faltaban adhesiones.
El temario incluye además la designación de embajadores en Estados Unidos (Alejandro Oxenford) y España (Wenceslao Bunge Saravia), la aprobación de convenios internacionales y la definición de autoridades de la Cámara, un punto de interés central para la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel.
Qué establece la Ley de Ficha Limpia
La iniciativa busca impedir que personas con condena firme en segunda instancia por delitos contra la administración pública puedan presentarse como candidatos o asumir cargos públicos. Entre los delitos contemplados se encuentran el fraude al Estado, cohecho, malversación, enriquecimiento ilícito y encubrimiento, según lo establecido en el Código Penal.
En Diputados se eliminó la llamada “cláusula Petri”, por lo que la inhabilitación se aplicará si la condena es confirmada por una instancia superior antes del cierre del padrón electoral (180 días antes de las elecciones). Si la condena se confirma luego de ese plazo, la prohibición regirá tras el proceso electoral.
Además, la Cámara Nacional Electoral llevará un registro público de personas alcanzadas por esta norma. La inhabilitación no solo alcanza a cargos electivos, sino también a funcionarios del Poder Ejecutivo, organismos descentralizados, entes de seguridad social, personal diplomático y representantes en empresas estatales.