Elisa Eugenia Brito es abogada y fue designada hace dos meses como inspectora en el área de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobierno de Santa Cruz. Ahora está sin trabajo y no tiene posibilidad alguna de desempeñarse en el poder judicial de la provincia.
Brito recibió los oficios del juez federal, Claudio Bonadio, que investiga a la familia presidencial por presunto lavado de activos en varias de sus empresas. Según explicaron, la respuesta de Personas Jurídicas fue clave para desentrañar el mapa de empresas entre los Kirchner y el empresario santacruceño, Lázaro Báez.
A Brito, que antes de llegar al gobierno de Santa Cruz se desempeñaba como maestra en Puerto San Julián, una localidad a poco más de 300 km. de Río Gallegos, no le «sonó» ninguna de las empresas y respondió de forma concreta. Lejos de saber cómo se maneja la información sensible con respecto al círculo Kirchner, actuó casi sin consultar.
En el Ministerio de Gobierno se sabía que Brito estaba preparando una respuesta al juez Bonadio, ante el requerimiento de información sobre diversos proveedores del Estado de relación directa con Hotesur, la empresa dirigida por Máximo Kirchner. Para suerte de Bonadio, en el ministerio no se percataron de la importancia de la solicitud y nadie de la plana mayor revisó la respuesta. Incluso, la subsecretaria de Gobierno de la provincia, Soledad Boggio, que estaba enterada del tema por comunicación de la misma Brito, «no le dio entidad», afirmaron varias fuentes de esa misma subsecretaría.
En los pasillos del ministerio de Gobierno saben que el sistema funciona de otra manera. Ante un pedido de la Justicia sobre información «sensible» el mecanismo es simple: se lo hace participar al fiscal de Estado, Iván Saldivia, conocedor del entramado K y él es quien se encarga de «maquillar» la documentación que se envía a los juzgados federales. Saldivia se enteró de los allanamientos por los diarios y a partir de ahí se inició una verdadera cacería.
En el allanamiento en la inmobiliaria de Máximo Kirchner, se secuestró material que confirma la relación comercial entre la familia presidencial, Lázaro Báez y otros empresarios. Todo se está mirando con una lupa especial: se investiga a la Presidenta y sus hijos por lavado de dinero.