Con una votación ajustada, Diputados aprobó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada por 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones. Para conseguir la aprobación, La Libertad Avanza debió aceptar cambios vinculados con la legislación que regula la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Ahora, el proyecto volverá al Senado.
La votación se definió por un margen ajustado y las seis abstenciones de los diputados de Córdoba fueron determinantes para que el oficialismo consiguiera la mayoría.
Uno de los puntos centrales del debate fue la derogación de la Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La norma establece restricciones a la titularidad de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
En el marco de las negociaciones parlamentarias, La Libertad Avanza cedió en su intención de eliminar esas restricciones. De esta manera, se reincorporó la vigencia de la legislación de 2011, luego de que el Senado ya hubiera recortado otro apartado relacionado con el uso de tierras afectadas por incendios.
El cambio también estuvo vinculado con la discusión sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. Según el desarrollo del debate, el oficialismo priorizó sostener la vigencia del DNU y aceptó mantener las restricciones sobre la adquisición de tierras rurales por extranjeros.
Qué establece la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada
El proyecto aprobado introduce cambios en los procedimientos de expropiación. Entre otros requisitos, establece que los bienes que el Estado pretenda expropiar deberán contar con una declaración de utilidad pública y que la indemnización deberá pagarse previamente, a valor de mercado.
Además, contempla el reconocimiento del lucro cesante, es decir, las ganancias que el propietario dejaría de percibir como consecuencia de la expropiación.
Quienes cuestionan esta disposición sostienen que podría dificultar la ejecución de obras públicas que requieran incorporar terrenos privados, debido al mayor costo y a las exigencias para concretar las expropiaciones.
Cambios en los procedimientos de desalojo
Otro de los ejes del proyecto es la agilización de los desalojos de inmuebles ocupados, mediante procedimientos judiciales sumarísimos.
En el caso de viviendas alquiladas, el propietario deberá intimar formalmente al inquilino para que regularice la deuda y otorgarle un plazo mínimo de diez días corridos desde la recepción de la notificación. Si el pago no se concreta, podrá iniciar la acción de desalojo, que tendrá un plazo adicional de diez días hábiles, según lo establecido en el proyecto.
La iniciativa también contempla la posibilidad de obtener la desocupación inmediata en casos de falta de pago o vencimiento del contrato, bajo caución juratoria. Si posteriormente se demuestra que el propietario ocultó información o documentación para obtener esa medida, podrá recibir una multa de hasta diez veces el valor del alquiler mensual.
En situaciones en las que vivan menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en condiciones de desamparo, el juez deberá dar intervención a los organismos competentes para procurar una alternativa habitacional transitoria, con un plazo máximo de diez días. Esto no impedirá que continúe el proceso judicial.
Tras las modificaciones introducidas por Diputados, el proyecto volverá al Senado, que deberá decidir si acepta los cambios o insiste con la versión que había aprobado originalmente.
