Neuquén.- La comisión de Asuntos Constitucionales debatió hoy el acceso y uso de espacios públicos linderos a ríos y lagos, márgenes de costas que se redujeron de 35 a 15 metros tras la modificación del artículo 1974 del Código Civil, referido al camino de sirga que debe preservase para uso público entre el cauce de agua y la propiedad privada lindante. Lo hizo al tratar un proyecto de declaración y otro de comunicación que se expresan sobre el tema. El primero pertenece a Sergio Rodríguez –PJ- y pide restituir el margen del camino de sirga a la longitud anterior; en tanto el segundo, de Beatriz Kreitman –CC-ARI-,solicita al Congreso Nacional la sanción de una norma rectificativa que reconozca el metraje mencionado anteriormente. Luego de discutir ambas iniciativas, el cuerpo decidió avanzar en una redacción unificada sobre el tema para someterla a votación la semana próxima.
En el debate, Rodríguez calificó el cambio como “una restricción de dominio” y argumentó que es necesario volver a los 35 metros originales para asegurar el libre acceso de las personas a la ribera. Aclaró que el cambio no debe afectar el derecho de propiedad privada previsto en el Código Civil. En tanto, Beatriz Kreitman se refirió al avance inmobiliario sobre el espacio público y remarcó que la Cámara debe dar una opinión al respecto. Denunció situaciones de manipulación de las orillas y dijo que la reducción que fija el nuevo Código deja a las provincias con ríos y lagos en una “difícil situación”.
A su turno, el presidente del cuerpo, José Russo –MPN-explicó que el camino de sirga es un término en desuso y que se debe incorporar el concepto de “espacio público” o de “dominio público lindante” para referirse al de espacio de costa que el privado debe liberar. Sostuvo que esta diferencia semántica es la que hoy permite que algunos dueños de terrenos avancen sobre la ribera al sustentar que la sirga -antigua modalidad de navegación que consiste en tirar desde la orilla a la embarcación con un cabo que lleva ese nombre- ya no se realiza más.
Calificó como falaz la argumentación de algunos propietarios que aseguran que sus tierras “termina en el agua”, y aseguró que esa apropiación es imposible de demostrar. También pidió que la normativa haga referencia también al acceso y no sólo al dominio público de la costa, ya que el espacio puede estar abierto pero carecer de vías de ingreso para hacer efectiva su utilización. Por su parte, Raúl Podestá FG-NE- recordó que se trata de una norma nacional y, por lo tanto, cualquier modificación sobre las dimensiones la debe llevar adelante el Congreso Nacional.
En otro orden, la comisión decidió invitar el próximo martes al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Guillermo Labate para que explique los alcances de la iniciativa que incorpora sanciones intermedias para magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial que incurran en faltas de índole disciplinario-administrativa. Al respecto, Gabriela Suppicich –FIT-pidió que se consulte al sindicato de trabajadores, solicitud que defendió al sostener que la iniciativa también implica sanciones para los empleados de dicho poder. En tanto, Sergio Gallia -Nuevo Neuquén- agregó que se trata de una norma administrativa de otro poder del Estado. En ese sentido, sugirió prudencia en su tratamiento para no incurrir en un avasallamiento de la división de poderes.
A la vez, el cuerpo dispuso invitar a representantes del Círculo de Legisladores Mandato Cumplido para tratar un proyecto que le asigna a la institución un 0,2% del presupuesto de dicho poder para realizar actividades de extensión. Russo informó que la norma implementa de manera directa una suma anual que en la actualidad se otorga de manera discrecional por parte de la presidencia. Por su parte, Podestá, Todero y Suppicich adelantaron su negativa a acompañar el proyecto al observar que las actividades del Circulo se deben financiar a través de aportes de sus propios integrantes.
Al inicio de la reunión, el cuerpo aprobó por unanimidad el despacho que autoriza la utilización de expedientes electrónicos, documentos electrónicos, firmas electrónicas, firmas digitales, archivos electrónicos y digitales en todos los procesos y procedimientos administrativos que se tramitan ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia del Neuquén y la respectiva modificación el artículo 106 de la Ley 2141 –de Administración Financiera y Control-, referida a la obligación del funcionario cuentadante a fijar un domicilio legal ante el Tribunal para recibir las notificaciones correspondientes.
También hizo lo propio con la iniciativa que instituye el 15 de junio de cada año como Día Provincial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, en concordancia con la fecha instituida a nivel mundial.
Estuvieron presentes los diputados José Russo; Darío Lucca; Pablo Todero; Raúl Podestá; Raúl Dobrusín; Raúl Bettiga; Claudio Domínguez; Sergio Rodríguez; Gabriela Suppicich; Jesús Escobar y Sergio Gallia.
