Buenos Aires.- Tres proyectos de ley, uno presentado en el Congreso y dos en la Legislatura porteña, buscan castigar –y sobre todo prevenir– el acoso verbal callejero, mal llamado piropo, una práctica extendida y naturalizada de violencia de género, que sufren cotidianamente miles de mujeres, sobre todo adolescentes y jóvenes, en lugares públicos de todo el país.
Con algunas diferencias, las iniciativas coinciden en proponer la realización de campañas de concientización sobre el problema y prevén sanciones que van desde multas hasta diez días de trabajo de utilidad pública e incluso, arresto para quienes se vayan de boca.
Uno de los proyectos, de la diputada de la Ciudad del FPV Gabriela Alegre, establece un punto clave: que la Policía Metropolitana elabore un protocolo de actuación para evitar que en las comisarías se desestimen las denuncias. Hace poco más de un mes, Perú sancionó una ley, una de las primeras específicas para enfrentar el problema, en Latinoamérica, publica hoy Página 12.
“El objetivo de la iniciativa es lograr que sea un puntapié inicial para el cambio cultural que implica que la mujer no sea puesta como un objeto. La mujeres somos soberanas de nuestro cuerpo”, indicó la diputada Victoria Donda, autora junto a Humberto Tumini, de Libres del Sur, del proyecto que ingresó en la Cámara baja y que modifica al Código Penal para castigar el acoso sexual callejero con una multa de 100 a 7000 pesos.
Además de Alegre, en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, también el legislador Pablo Ferreyra, del bloque Seamos Libres, elaboró un proyecto para prevenir y sancionar esta conducta. Los dos vinculan al acoso callejero con el hostigamiento, definido en el artículo 52 del Código Contravencional: Alegre lo encuadra como un agravante de esa figura; Ferreyra, en cambio, como una variante de esa contravención.