Vignaroli aseguró que la investigación contra Bertolini «no es una causa política»

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Fiscal Vignaroli a cargo de la causa.

Neuquén.- La jueza de garantías, Carina Álvarez, resolvió postergar la audiencia de formulación de cargos contra el intendente de Plottier, Luis Bertolini, y la subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez, luego de que el jefe comunal no se presentara y justificara su ausencia con un certificado médico. La magistrada dispuso fijar una nueva fecha de audiencia para todos los imputados el 27 de abril.

De acuerdo con la investigación que impulsa el fiscal jefe Pablo Vignaroli, los hechos están vinculados a un presunto direccionamiento de contrataciones dentro del municipio.

Según la acusación, desde el inicio de la gestión —entre enero de 2024 y marzo de 2026— se implementó un sistema destinado a favorecer a P.V. y M.L., quienes resultaron adjudicatarios en la mayoría de los procesos. En ese período se otorgaron al menos 160 contratos por más de 2.300 millones de pesos, en muchos casos sin competencia real, con ofertas únicas o con desestimaciones arbitrarias de otros oferentes.

En declaraciones a Mañanas en Red, Vignaroli manifestó: «No estamos investigando nada fuera de lo que es penal. Si el abogado defensor opina que es una causa política es su opinión. Sabemos que estamos investigando a políticos pero decir que es una causa política es algo totalmente distinto. Creo que son ellos los que quieren politizar la causa».

Respecto al certificado médico presentado, comentó: «Veo que es una estrategia para dilatar los tiempos. Ni siquiera pudimos enviar un medico que constate la dolencia de Bertolini. Lo que observo es un entorpecimiento de la causa y una medida de coerción debemos pedir porque no podemos dejar que estas personas tengan acceso a información administrativa sensible».

Consultado sobre las pruebas contra el jefe comunal, indicó: «Tenemos pruebas y podemos comprobar una negociación incompatible con la función pública. Dos testigos dieron detalles de como Vilches siempre era contratado en todas las licitaciones».

«Beneficiar a alguien en una contratación pública es un delito. Si podemos llegar a presentar todos los cargos incluso podríamos hacer una acusación por peculado», cerró.

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