La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece, entre otros puntos centrales, la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El proyecto obtuvo 149 votos afirmativos, 100 negativos y no registró abstenciones. Ahora deberá ser tratado por el Senado.
La iniciativa fue impulsada por el oficialismo y contó con el respaldo de los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, el MID, Innovación Federal, Encuentro Federal, Independencia, La Neuquinidad, Producción y Trabajo y Por Santa Cruz.
El peronismo votó en contra en general y logró mantener la unidad durante esa instancia, sumando incluso a los diputados de Elijo Catamarca. Sin embargo, al momento de la votación en particular, los legisladores del Frente Renovador acompañaron la reducción de la edad de punibilidad a 14 años. Según argumentaron, buscaron respetar la posición histórica del espacio, que ya había planteado ese límite en un proyecto de Código Penal presentado en 2015.
Qué establece el nuevo régimen
El texto aprobado no solo reduce la edad de imputabilidad, sino que fija una pena máxima de hasta 15 años de prisión para delitos graves como homicidio, robo con violencia, abuso sexual o secuestro.
Para delitos con penas menores a 10 años, prevé alternativas como:
- Amonestación
- Prohibición de acercamiento a la víctima
- Servicios comunitarios
- Monitoreo electrónico
- Reparación integral del daño
- Prohibición de concurrir a determinados lugares
- Prohibición de conducir vehículos
Además, contempla la creación de institutos especializados para menores condenados, donde se garantice el acceso a educación, atención médica y tratamiento por adicciones. El personal deberá estar capacitado en infancia y adolescencia, y se prohíbe expresamente la convivencia con detenidos mayores de edad.
El proyecto también habilita la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en casos de infracciones leves, con intervención obligatoria de las partes y consentimiento expreso de la víctima.
El rol de las víctimas
Uno de los ejes destacados del nuevo régimen es el reconocimiento formal de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. La ley les garantiza el derecho a ser informadas, escuchadas, contar con patrocinio jurídico, recibir asistencia psicológica y participar en instancias relevantes del proceso, incluidos mecanismos restaurativos cuando corresponda.
El debate en el recinto
Al inicio del tratamiento, la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado sostuvo que la normativa vigente, sancionada en 1980, “no previene, no resocializa y no repara”, y remarcó que el nuevo proyecto incorpora estándares internacionales asumidos por la Argentina.
Desde el oficialismo también defendieron la iniciativa como una herramienta para evitar que jóvenes que cometen delitos graves queden en un “limbo” jurídico sin debido proceso ni políticas de resocialización, lo que —según señalaron— facilita su captación por organizaciones criminales.
En cambio, desde el peronismo cuestionaron la medida por considerar que no aborda el problema de manera integral. Juan Grabois sostuvo que el debate no debería centrarse exclusivamente en la edad, sino en la salud mental y los consumos problemáticos. En la misma línea, Juan Carlos Molina planteó que el Estado debería priorizar políticas educativas, sanitarias y deportivas antes que ampliar el alcance del sistema penal.
Por su parte, el diputado libertario Santiago Santurio afirmó que, si bien no será una solución definitiva, la reforma busca dar una respuesta frente a delitos graves cometidos por menores y garantizar que no queden impunes.
Con la media sanción en Diputados, el proyecto abre ahora un nuevo capítulo en el Senado, donde se anticipa un debate intenso sobre el alcance y el impacto de la reforma.