Neuquén.- A instancias de una decisión conjunta entre representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF), la defensa pública y autoridades de organismos municipales y de la salud pública, un varón que fue declarado inimputable por no comprender sus actos, y que estaba acusado por diversos hechos en San Martín de los Andes, deberá realizar un tratamiento médico y psicológico que además le garantice la alimentación, la higiene y la vestimenta.
La persona imputada estaba acusada en cinco legajos del MPF por los delitos de lesiones, amenazas y daños.
Así, se estableció que durante un plazo de un año se le proveerá un dispositivo de salud mental que “garantice las necesidades básicas de la vida diaria -alimentación, sueño, higiene y vestimenta-, el tratamiento médico correspondiente, mediante la correcta administración de la medicación y la prevención del consumo de sustancias tóxicas”. El plazo podrá ser menor al estipulado “si previamente se revierten las condiciones médicas y los riesgos que llevaron a su imposición, previo dictamen de los especialistas del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial”.
Asimismo, el juez de garantías Ignacio Pombo, requirió a las autoridades del gobierno provincial –jefe de Gabinete, ministro de Salud y ministro de Seguridad-; al intendente de la ciudad, y a las autoridades de la Zona Sanitaria de la región de Los Lagos y del hospital Ramón Carrillo, que en un plazo de 15 días hábiles “propongan el programa o dispositivo que adecuarán para cumplir con esa medida de seguridad”.
Hasta que este tratamiento esté diseñado, el juez de garantías resolvió que continué la internación en el hospital Ramón Carillo, bajo custodia. Además fijó a una audiencia para el próximo 30 de septiembre destinada a controlar la internación, y convocó a participar a quienes las autoridades provinciales designen.
En simultáneo, el magistrado notificó de la decisión al defensor público civil y al juez civil que ya intervienen respecto de la situación de la persona involucrada, e informó que el control y seguimiento de esta medida de seguridad quedará en manos del juez de Ejecución Penal.