Todero impulsa el juicio político contra Milei por incumplir la Ley de Discapacidad

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El diputado nacional Pablo Todero presentó en la Cámara de Diputados un pedido de juicio político contra el presidente Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones, por el presunto incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La iniciativa fue impulsada junto al legislador Juan Marino y apunta a un supuesto “mal desempeño” de los funcionarios, además de una violación sistemática de la Ley 27.793, sancionada en julio de 2025.

Esa norma declaró la emergencia en materia de discapacidad hasta diciembre de 2026. Si bien el Gobierno nacional la vetó en un primer momento, el Congreso rechazó ese veto con amplia mayoría, lo que obligó a su promulgación.

Sin embargo, según denunció Todero, la aplicación efectiva de la ley fue demorada mediante decretos y suspensiones, generando perjuicios a personas con discapacidad, sus familias y prestadores de servicios.

Los principales cuestionamientos

En el pedido presentado ante la Cámara baja, se detallan una serie de irregularidades:

  • Demoras en la reglamentación y ejecución de la ley, pese a fallos judiciales que ordenaban su implementación.
  • Falta de financiamiento y atrasos en pagos a prestadores, transporte y pensiones.
  • Riesgo en la continuidad de tratamientos esenciales.
  • Cambios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sin garantías para los beneficiarios.

Además, se advierte que estas medidas afectan derechos de rango constitucional y compromisos asumidos por el país en tratados internacionales.

“No es una discusión ideológica”

En el planteo, Todero sostuvo que la situación “no es una cuestión ideológica ni de ajuste fiscal”, sino que impacta directamente en la vida de personas con discapacidad.

“El Congreso sancionó esta ley para garantizar recursos. Ignorarla equivale a abandonar a un sector que necesita protección”, señalaron desde el espacio que impulsa la medida.

Por último, solicitaron a los distintos bloques que acompañen el pedido para que sea tratado con urgencia en la Comisión de Juicio Político.