La reforma laboral vuelve al centro de la escena política. Y no por casualidad. El gobierno de Javier Milei necesita llegar a la apertura de sesiones ordinarias con una señal concreta hacia los mercados, los gobernadores y, sobre todo, hacia su propio electorado: que el rumbo reformista no se detiene.
En ese marco aparece la negociación alrededor del artículo 44, convertido casi en símbolo de la tensión entre el oficialismo y los bloques dialoguistas. No es solo una discusión técnica; es una pulseada política. ¿Hasta dónde flexibilizar? ¿Hasta dónde modernizar sin desproteger? ¿Qué concesiones está dispuesto a hacer el Ejecutivo para garantizar los votos?
El Gobierno sostiene que la reforma es imprescindible para generar empleo formal, reducir la litigiosidad laboral y dar previsibilidad a las PyMEs. Argumenta que el sistema actual desalienta la contratación y empuja a miles de trabajadores a la informalidad. Desde esa óptica, la reforma no es ideológica sino pragmática: sin cambios estructurales, no habrá crecimiento sostenido.
Pero del otro lado, sindicatos y sectores de la oposición advierten que detrás del discurso de modernización puede esconderse una transferencia de riesgos hacia el trabajador. Señalan que flexibilizar sin una red de contención fuerte puede profundizar la precarización en un país que ya convive con altos niveles de informalidad.
Entonces, la pregunta de fondo es inevitable: ¿beneficia a los argentinos?
Depende de cómo se implemente y de qué equilibrio logre. Una reforma que simplifique normas obsoletas, reduzca costos judiciales y promueva el empleo registrado puede ser una herramienta positiva. Pero si el resultado final debilita derechos sin generar nuevos puestos de trabajo reales, el costo social será alto.
La clave no estará solo en el texto del artículo 44 ni en la foto de la apertura de sesiones. Estará en la capacidad del Gobierno para demostrar que la reforma no es solo una señal política hacia el poder económico, sino una herramienta concreta para el trabajador que hoy está fuera del sistema.
Porque en definitiva, las reformas estructurales no se miden por la épica parlamentaria ni por el discurso presidencial. Se miden en la vida cotidiana: en si alguien consigue empleo, en si una PyME se anima a contratar, en si el salario alcanza y en si el conflicto baja en lugar de escalar.
La Argentina necesita modernizarse. La discusión es cómo y para quién.