La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei será tratada el próximo miércoles 11 de febrero en el Senado, luego de que el oficialismo y bloques dialoguistas alcanzaran un principio de entendimiento sobre la mayoría de los puntos del proyecto. Según aseguró la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, existe acuerdo en “el 95%” de la iniciativa, aunque el capítulo fiscal sigue siendo el principal foco de conflicto.
El pedido de sesión ya fue firmado por Bullrich junto a los senadores Martín Goerling (PRO), Eduardo Vischi (UCR), Luis Juez (Frente Cívico), Edith Terenzi (Despierta Chubut), Julieta Corroza (La Neuquinidad), Carlos Arce (Frente Renovador Misionero), Carlos “Camau” Espínola (Unidad Federal-Corrientes) y Beatriz Ávila (Independencia-Tucumán).
Tras un nuevo encuentro entre las partes, Bullrich afirmó ante la prensa que “prácticamente tenemos el 95% de los temas cerrados”, aunque evitó dar detalles sobre las modificaciones al texto original y señaló que los cambios se conocerán directamente durante el debate en el recinto.
Sin embargo, la discusión por la rebaja del impuesto a las Ganancias para las sociedades, que tendría impacto directo en la recaudación de las provincias, permanece abierta. La senadora volvió a despegarse del tema y sostuvo que la negociación se desarrolla entre el ministro del Interior, Diego Santilli, el ministro de Economía, Luis Caputo, y los gobernadores.
El jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, reconoció que ese punto es uno de los “cabos sueltos” del proyecto. “Es un tema que nos preocupa porque afecta las previsiones de las provincias. Hay algunas alternativas sobre la mesa y dependerá de las últimas reuniones que tengamos”, explicó.
Bullrich se comprometió a elevar esas propuestas este miércoles en la reunión de la denominada mesa política del Gobierno, integrada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el ministro de Economía, Luis Caputo.
En paralelo, algunos gobernadores analizaban convocar a una cumbre en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en Buenos Aires, aunque desde el Gobierno nacional trabajaban para desactivar la reunión. En ese marco, el gobernador pampeano Sergio Ziliotto fue recibido este martes en Casa Rosada por Santilli y Adorni.
Más allá del capítulo fiscal, los senadores estarían cerca de consensuar otro de los puntos más cuestionados del proyecto: la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), que financiarían las indemnizaciones por despido mediante un aporte del 3% de la masa salarial, descontado de las contribuciones a la ANSES.
Mientras avanza el debate parlamentario, crece la tensión sindical. La CGT reunirá este viernes a su consejo directivo para definir si convoca a un paro general con movilización el mismo 11 de febrero. La central obrera, conducida por Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, se encuentra dividida entre sostener las negociaciones o endurecer su postura en las calles.
Las dos CTA, en cambio, ya resolvieron avanzar: convocaron a un paro con movilización para ese día y ratificaron su rechazo a la reforma laboral. Las protestas comenzarán este jueves en Córdoba y continuarán el martes 10 en Rosario.
En conferencia de prensa, Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores) y Hugo “Cachorro” Godoy (CTA Autónoma) no solo apuntaron contra el Gobierno nacional, sino también contra los gobernadores, a quienes les reclamaron que “no convaliden esta entrega de los derechos de los trabajadores”.
Godoy calificó la iniciativa como “un ataque directo a los derechos del pueblo y a la democracia” y advirtió que no se trata de una modernización, sino de “una regresión brutal que pretende retroceder las condiciones laborales al siglo XIX”. Según señaló, el proyecto busca eliminar “conquistas históricas como las vacaciones pagas, la indemnización, la jornada de ocho horas y las garantías mínimas de protección”.
Por su parte, Yasky remarcó que el debate se da en un contexto de fuerte deterioro salarial. “Argentina atraviesa uno de los salarios promedio más bajos de América Latina, mientras el sector público pierde alrededor del 30% de su poder adquisitivo y se anuncian miles de despidos”, sostuvo.