El abogado laboralista Walter Pinuer, integrante del Observatorio de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de Neuquén, analizó el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa propone cambios “profundos” en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), con impacto directo en los derechos de los trabajadores.
En una entrevista en el programa Mañanas en Red, Pinuer señaló que el proyecto —que cuenta con 194 artículos— fue enviado para su tratamiento en sesiones extraordinarias y plantea modificaciones que, según explicó, alteran el carácter protectorio de la legislación laboral vigente, sancionada originalmente en 1974.
Entre los puntos centrales, el abogado destacó la redefinición del ámbito de aplicación de la LCT. En ese sentido, remarcó que el proyecto excluye expresamente a los trabajadores de plataformas digitales, a quienes define como “prestadores independientes”, lo que impediría discutir judicialmente si existe o no una relación laboral de dependencia. Según indicó, esta postura va a contramano de la tendencia internacional, donde países como España avanzaron en el reconocimiento de estos trabajadores como dependientes, al menos desde el punto de vista previsional.
Otro de los cambios señalados por Pinuer tiene que ver con las condiciones esenciales del contrato de trabajo. Actualmente, la ley permite que, ante una modificación sustancial —como un cambio de horario— el trabajador pueda reclamar la restitución de las condiciones originales. El proyecto, en cambio, limitaría esa posibilidad y solo habilitaría al trabajador a considerarse despedido y reclamar una indemnización.
En relación al trabajo a tiempo parcial, el abogado explicó que la reforma elimina el criterio actual que fija un límite horario para este tipo de contratación. De aprobarse el proyecto, cualquier jornada inferior a la completa se pagaría de manera estrictamente proporcional, lo que, según advirtió, podría impactar en los salarios, incluso en casos cercanos a la jornada completa.
Pinuer también sostuvo que la iniciativa apunta a abaratar el costo del despido sin causa, lo que —según su análisis— podría favorecer la rotación de personal y desalentar la generación de antigüedad laboral. Además, cuestionó la incorporación de conceptos salariales “dinámicos” o variables que no integrarían la base de cálculo para aguinaldo, vacaciones o indemnizaciones.
Respecto a la constitucionalidad del proyecto, el abogado consideró que varios artículos podrían ser impugnados judicialmente por contradecir el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que forman parte del bloque de constitucionalidad argentino.
En ese marco, indicó que una eventual declaración de inconstitucionalidad podría resolverse inicialmente a través de amparos colectivos, como ocurrió con el DNU 70/23, aunque aclaró que las definiciones de fondo dependen, en última instancia, de la Corte Suprema.
Finalmente, Pinuer advirtió que, de sancionarse la reforma sin cambios, podrían incrementarse los reclamos judiciales, al entender que se vulnera el principio de progresividad de los derechos laborales, que impide su reducción una vez alcanzados determinados niveles de protección.